El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, asegura que tanto el Ministerio de Transportes como el de Hacienda han asumido la petición de Canarias para cambiar la cláusula del convenio de carreteras que impedía ejecutar las obras que quedaran pendientes
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este miércoles que tanto el Ministerio de Transportes como el de Hacienda han asumido la petición del Gobierno de Canarias de cambiar la cláusula del convenio de carreteras que impedía ejecutar las obras que quedaran pendientes.
Franquis ha hecho este anuncio durante una comparecencia en el pleno del Parlamento. Afirmó que «quien firmó ese convenio» en diciembre de 2018, CC-PNC, sabía que con esa cláusula no se podía cumplir, algo que negó la diputada nacionalista Beatriz Ojeda.
La cláusula, según señaló Franquis, decía que las 69 obras de carreteras previstas en el anexo del convenio 2018-2027 debían ser ejecutadas con la financiación prevista de 1.200 millones de euros. Y que no se podrían financiar con dinero del Estado en un convenio posterior si no quedaban concluidas.
Sin embargo, esos fondos solo daban para realizar 28 obras, no 69, dijo Franquis. Acusó al anterior ejecutivo de CC-PNC de pretender montar enfrentamientos con el Gobierno central para ocultar su ineficiente gestión de los recursos públicos, ya que las obras del convenio incluso carecían de proyectos.
Calzada niega que la cláusula fuera abusiva
Beatriz Calzada negó que esa cláusula fuera abusiva. Ni que obligara al Gobierno de Canarias a ejecutar la totalidad de las obras del anexo del convenio, que se va modificando y adecuando a las circunstancias anualmente en las comisiones de seguimiento.
«Prefieren crear un problema donde no existe para venir de salvadores de la patria», reprochó Calzada al consejero. Le preguntó que si esa cláusula era tan inconveniente como él afirma cómo es que no había hablado de ella hasta mayo de 2022 cuando está en el convenio desde que se firmó en 2018.
Franquis justificó esa demora en que antes de hacer públicas las dificultades que supone esa cláusula en la ejecución de las obras prefirió que quedara resuelto el acuerdo con el Gobierno de España sobre la deuda pendiente del anterior convenio. Un asunto a solventado con el acuerdo para una adenda de 407 millones de euros. Con el compromiso de ingreso de la deuda por las obras ejecutadas en el anterior convenio.
Finalmente, en la reunión del 20 de mayo pasado de la comisión bilateral la Consejería planteó el cambio de la cláusula, lo cual «ha sido asumido» por el Ministerio de Transportes y por el Ministerio de Hacienda, de manera que «hemos resuelto el problema».
