Canarias ha autorizado una partida presupuestaria de casi 23 millones de euros para la ejecución del nuevo Plan Estatal para el acceso a una vivienda en Canarias. Esa cifra se sumará a los más de 76 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, la incorporación de una partida presupuestaria de 22.943.700 euros de fondos propios de la Consejería para la ejecución del nuevo Plan Estatal para el acceso a una vivienda en Canarias, 2022-25.
Esta dotación presupuestaria se suma a los 76.400.00 millones que destina el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el desarrollo del Plan en la Comunidad Autónoma. Una partida que, junto con la aportación de la Consejería, ascendería a casi 100 millones de euros. El objetivo: impulsar las actuaciones en materia de vivienda pública en las Islas.
Con los fondos de este Plan estatal se sufragarán muchos de los programas incluidos en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Un Plan pensado para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, incrementar la oferta de vivienda en alquiler o aumentar las soluciones habitacionales en el Archipiélago.
Todos estos objetivos se van a desarrollar en diversas líneas de ayudas distribuidas anualmente hasta 2025.
Primera anualidad de 18.285.000 euros
Una vez se firme el convenio con el Ministerio en las próximas semanas, Canarias recibirá este mismo año una primera anualidad de 18.285.000 euros. Con ese dinero se financiarán varios de los programas que ya están en marcha gracias al Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Entre ellos, se encuentra el pago de las ayudas al alquiler a familias vulnerables o el ‘Canarias Pro Hogar’ para los hogares en riesgo de desahucio.
Este convenio permitirá intensificar los principales Ejes del Plan de Vivienda de Canarias. Así, consolidará la política de vivienda impulsada por la Consejería desde el principio de la Legislatura. También aumentará las actuaciones en vivienda pública con una nueva aportación de casi 100 millones mediante este convenio con el Estado.
Incluye 13 programas
Este Plan Estatal contempla 13 programas a desarrollar. Entre ellos, destaca el programa de ayuda al alquiler, de ayuda a las personas jóvenes para contribuir al reto demográfico, el fomento de viviendas para personas mayores o el programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas. El Gobierno de España ha previsto una inversión global de 1.443 millones de euros. Una cantidad a repartir entre las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
De esa partida, a Canarias le corresponden 76,4 millones de euros. Una cifra que supone el 5,3% del total que son asignados a esta Comunidad Autónoma.
Ahora, la Consejería incorpora casi 23 millones de euros. Se utilizarán para reforzar con recursos propios la implantación de las principales líneas de ayuda de este Plan Estatal.
Esta inversión de la Consejería es superior a los dos millones de euros. Por ello, ha de ser autorizado por el Gobierno de Canarias conforme establece la Ley 6/2021 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Negociaciones entre España y Marruecos
Julio Pérez ha defendido que en la negociación abierta entre España y Marruecos para delimitar las aguas hay que trabajar con «cuidado, delicadeza y discreción» para tratar de alcanzar acuerdos.
El portavoz del Ejecutivo ha defendido la «influencia» de Canarias por más que no haya estado presente en la primera reunión y sí en la interministerial donde se sentaron las bases de la negociación por parte de España.
El portavoz ha destacado especialmente el interés de ambos países por «alcanzar un acuerdo», a diferencia de lo que ocurrió hace 15 años cuando hubo casi una decena de reuniones –Canarias solo estuvo una– hasta que el grupo «dejó de reunirse, ha estado sin actividad y con dificultades de comunicación».
Ha insistido en que por ahora los contactos son «preliminares» y Canarias ha estado presente donde cree que debe estar, y el objetivo básico ha sido fijar la agenda de temas a tratar y la metodología de trabajo sin que ni siquiera se haya cerrado un calendario de reuniones.
Equipo de asesores
«Lo importante no es la foto ni la presencia física sino la influencia porque uno puede ir y estar callado», ha insistido, destacando que el objetivo es dotarse de «buenos argumentos», para lo que se ha recurrido al letrado del Parlamento y profesor de Derecho Constitucional, José Miguel Ruano, gran conocedor del nuevo Estatuto de Autonomía.
Ruano forma parte del grupo de trabajo de apoyo al propio Pérez junto al profesor Eloy Ruiloba, de la Universidad de Málaga; José Mangas, profesor de la ULPGC; Valeriano Díaz, jefe de servicio del Litoral de la Consejería de Transición Ecológica; la viceconsejera de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, y la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano.