La consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, dice que aumentar las plazas residenciales «es el pasado» porque las personas mayores y con discapacidad prefieren vivir en sus casas
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha avalado este martes el nuevo modelo de residencias de mayores aprobado por el Gobierno central, que será un «enorme reto» para el archipiélago dada su situación de partida. Si bien ha precisado al mismo tiempo que aumentar las plazas residenciales «es el pasado» porque las personas mayores y con discapacidad prefieren vivir en sus casas.
Así, ha abogado, en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria, por potenciar la teleasistencia. También los servicios de ayuda a domicilio y los centros de día con personal cualificado.
Santana ha valorado el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por «buscar estándares de calidad» . Con una nueva red de centros más pequeños y lograr el «consenso y acuerdo» con instituciones públicas, tercer sector, patronales y sindicatos.
La consejera se ha preguntado «quien puede estar en contra de mejorar las condiciones de los centro. Ha apuntado que las comunidades contrarias al acuerdo –mayoritariamente las del PP– «deberán explicar por qué se oponen«.
Plan `Canarias te cuida´
Ha apuntado que el nuevo modelo «encaja muy bien» con el plan ‘Canarias Te Cuida‘ del Gobierno canario pero debe tener en cuenta las «especificidades insulares». Como el «papel» que deben jugar los cabildos, que haya un «marco temporal creíble» para acometer la adaptación y fondos suficientes para las comunidades autónomas.
Santana ha comentado también que el Ministerio es el «más sensibilizado» en desarrollar la ley de dependencia. En «dar dignidad» a las personas y por ello ha garantizado que habrá ficha financiera. Vinculada a la implementación de calidad que pueda hacer cada comunidad autónoma. «Trabajamos de manera seria y concienzuda», ha señalado.
Cristina Valido (CC-PNC) ha señalado que la oposición al nuevo modelo «no es una cuestión ideológica». Dado que Castilla La-Mancha votó en contra porque «sabe lo que cuesta» poner en marcha este tipo de centros –de entre 75 y 120 plazas–.
«La financiación no está clara»
En ese sentido, ha advertido de que la financiación se va a «complicar» porque la financiación no está clara pues «no se sabe cuanto va a poner el Estado» en un subsector en el que las comunidades ya afrontan el 80% de los gastos.
Asimismo, ha alertado de las dificultades para las familias dado que si se aplica la ratio de un trabajadores por cada dos residentes el coste de la plaza se incrementará en unos 1.000 euros.
Valido ha indicado que hay islas que «no pueden hacer tantos centros para atender a dependientes sin ir en contra del planeamiento», como ha ocurrido con el desarrollo del plan de infraestructuras dado que «falta suelo» y el déficit actual de plazas en el archipiélago es de 8.000.
La diputada nacionalista ha calculado que «Canarias tardaría más de 30 años en implantar el modelo» y ha avisado de que si no se cubren los costes «muchos operadores tendrán que cerrar».
