El director del SCS niega vínculos con la empresa del ‘caso mascarillas’. Conrado Domínguez avala la «legalidad» de la compra de las mascarillas que nunca llegaron a Canarias
El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Querella contra, entre otros, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, por el pago de cuatro millones de euros por la compra de mascarillas que nunca se entregaron.
En la querella de la Fiscalía también está incluida la directora general de recursos económicos del SCS, Ana María Pérez, y el responsable de la empresa RR7 United, RAyco Rubén González. Se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el llamado caso mascarillas.
La autoridad judicial ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El director del SCS niega vínculos con la empresa del «caso mascarillas»
El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha negado este miércoles que tenga algún «vínculo de amistad» con la empresa involucrada en el ‘caso mascarillas’ –RR7 United– ni con el 100% de los 365 contratos de emergencia firmados durante la pandemia.
En una comparecencia conjunta en comisión parlamentaria junto al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha defendido la «legalidad» del SCS en la operación. Domínguez ha negado también que se le haya exigido dimitir por parte del Gobierno de Canarias.
«Tensión mundial en el mercado sanitario»
Domínguez ha justificado el contrato con el momento de tensión mundial que había en el mercado sanitario y aunque ahora, con la «experiencia» de la pandemia igual se hubiera adoptado otra decisión, ha apuntado que volvería a colaborar. «Volvería a decir que sí, vale la pena el trabajo que se ha hecho», ha agregado.
Domínguez, querellado por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de prevaricación y tráfico de influencias –al empresario Rayco González por estafa agravada y blanqueo de capitales–, se ha amparado en la modificación de la normativa de contratos públicos, vía real decreto ley, que permitía, entre otras cosas, el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran ese objeto social. Además ha señalado que el Tribunal Supremo ha reconocido la «excepcionalidad» de esos contratos y que el Tribunal de Cuentas también admite la «emergencia» de los suministros.
Ha dicho que las mascarillas contratadas -aunque nunca se llegaron a recibir– estaban avaladas por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal. Ha insistido en que siempre se buscó el «interés general». Incluso cuando se trató de renegociar con la empresa dado que hacía falta material y había olas «gravísimas» de Covid-19.
Domínguez puesto como ejemplo de la situación del mercado que casi la mitad de las empresas que suscribieron contratos con el SCS no se dedicaban a material sanitario. E incluso, la que vendió el robot para hacer las pruebas PCR estaba vinculada a la rama de electricidad.
Ha señalado en que es el principal «interesado» en que «se aclare todo». Ha asegurado a los diputados que si hubieran conocido a alguien en disposición de ayudar con material en marzo, abril y mayo de 2020, «lo hubieran puesto a disposición del SCS».
Trujillo: «La situación del mercado era anormal»
Trujillo, por su parte, ha insistido en la situación «anormal» que se vivía por esos meses. Hasta el punto de que se permitió hacer contratos modificando la normativa para tratar de «preservar la salud» de las personas.
Ha tildado de «mezquino» que desde CC-PNC se utilicen las dimisiones de Alberto Pazos al frente del SCS y de la directora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez. Cuando se debieron a motivos personales, y al igual que Domínguez, ha comentado que se podían hacer pagos por adelantado.
El consejero ha incidido en que van a «seguir colaborando con la justicia«. Ha dicho que se personarán en la causa judicial cuando se abra para «tratar de recuperar el dinero«. En paralelo con el trabajo que se hace desde la Agencia Tributaria, que ya ha iniciado labores de investigación patrimonial. «No vamos a parar, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos los ciudadanos de Canarias», ha comentado.
Posturas de los grupos parlamentarios
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha reconocido que el mercado internacional en mayo de 2020 «era una auténtica jungla» y ahora, a raíz, de la querella de Anticorrupción, se ha mostrado partidaria de dejar actuar a la justicia.
No obstante ha dicho que «llama la atención» que la empresa suministradora de mascarillas no tuviera solvencia económica y se adelantara tanto dinero. Se preguntó por qué el Gobierno no acudió a la vía penal antes que la administrativa.
Jesús Ramos (ASG) ha valorado la «transparencia» del Gobierno por comparecer ante la Cámara. Ha coincidido con el Ejecutivo en recordar los «momentos difíciles» del mercado cuando arrancó la pandemia por falta de material sanitario. Cuestionó los «ataques» políticos y mediáticos al Gobierno para desgastarlo sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Ha remarcado que ni Domínguez ni Trujillo estaban al frente del departamento de Sanidad cuando se realizó la compra.
Sí Podemos pide «llegar hasta el final»
María del Río (Sí Podemos) ha mostrado su deseo de que «se investigue y se depuren responsabilidades hasta el final» y que se recuperen los cuatro millones de euros porque ha habido «sinvergüenzas» que se han lucrado. «No lo podemos permitir», ha señalado.
También se ha preguntado por qué se paga un abono de otros dos millones si no se había recibido el material. Y por qué no se acudió a la justicia antes por lo que ha abierto la puerta a cuestionar la «mala gestión» del departamento y que haya «responsabilidades políticas».
Esther González (NC) ha incidido en que en mayo de 2020 había un «colapso» sanitario y una «lucha encarnizada» por obtener el material y ha cargado contra el «juicio paralelo» a altos cargos del Gobierno y sin tener en cuenta la presunción de inocencia.
Sobre el pago por adelantado, ha indicado que era «perfectamente legal» en ese momento. Dado que se había modificado la normativa, lo mismo que suscribir contratos con empresas sin solvencia técnica o económica o que no se dedicaran al negocio sanitario. Ha apuntado que la realidad es que ha habido «una estafa» y sobre el estafador debe caer «todo el peso de la ley».
Miguel Ángel Ponce (PP) ha dicho que es «sonrojante» ver la posición de Sí Podemos cuando hicieron una «carnicería» en Madrid con un caso que ha sido archivado y no entiende por qué se suscribe un contrato con una empresa sin solvencia y que no se dedicaba al material sanitario.
Ha lamentado el «agujero» de cuatro millones y el abono de 1,3 millones en comisiones y que se contratara «a dedo» a una empresa de coches. Puso sobre la mesa si esa decisión le costó al puesto a Teresa Cruz como consejera.
PP: Gestión «imprudente y atolondrada»
En su opinión, ha sido una gestión «imprudente y atolondrada» por parte del SCS y la Consejería. Se ha preguntado si Domínguez formalizó el contrato al ser el propietario de la empresa un «contacto estrecho» de un amigo.
José Alberto Díaz-Estébanez (CC-PNC) ha criticado la falta de novedades de Domínguez y Trujillo en sus discursos cuando se «robaron» cuatro millones de euros «y a cambio de nada» ya que las mascarillas no se recibieron.
Ha comentado que «alguien tomó la decisión» de contratar a esa empresa. Lametó que el Gobierno tardara seis meses en hacer la primera reclamación cuando el suministro era «urgente». Lo mismo que por qué no se acudió a la justicia cuando habían «constatado» el dinero perdido. Ha insistido también en que en este caso «no hay irregularidades sino delitos» y ha advertido del riesgo de responsabilidad patrimonial.
El diputado ha apuntado que a Domínguez se le ha puesto «cara de Conrado Mustafá Domínguez». Porque es la «cabeza de turco» para cerrar la crisis . Ha señalado que el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, también son responsables. Porque dirigían la consejería en aquellos momentos, lo mismo que el presidente Ángel Víctor Torres que presidía el comité de emergencia sanitaria.
Marcos Hernández (PSOE) ha criticado la «falta de responsabilidad» de Díaz-Estébanez al tratar de involucrar a muchos altos cargos del Gobierno –«solo ha faltado Pedro Sánchez y Bildu», ha ironizado–. Subrayó que no se pueda analizar el ‘caso mascarillas’ al margen del contexto sanitario mundial.
