Rayco Rubén González, administrador de la empresa encargada de suministrar las mascarillas al SCS, está investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales
Rayco Rubén González, administrador de la empresa a la que el Servicio Canario de la Salud (SCS) encargó un millón de mascarillas y que nunca llegaron a los hospitales canarios, sostuvo en su declaración ante el fiscal el pasado mes de mayo que ha sido víctima de una estafa.
El administrador de RR7 United, investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales por el ‘caso mascarillas’, fue interrogado por Javier Ródenas, fiscal Anticorrupción. El fiscal, entre otras cuestiones, le preguntó por su experiencia en la importación de material sanitario.
González asegura que a través del intermediario Lucas Cruz logró traer 900.000 mascarillas, pero falsas.
El empresario sostiene en su declaración que se vio obligado a incinerar las mascarillas y se considera estafado por los intermediarios.
El Gobierno de Canarias se ha personado como perjudicado en el denominado ‘caso mascarillas‘. El objetivo del Ejecutivo canario es reclamar los cuatro millones de euros que presuntamente pagó por un material que no obtuvo durante la pandemia del coronavirus.
El Gobierno de Canarias se personó en este procedimiento judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria admitiera a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra, entre otros, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por el pago de cuatro millones de euros por la compra de mascarillas que no se entregaron.