En el acto de inauguración del año judicial, el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha alertado de la pérdida de confianza de la ciudadanía
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, se ha querido sumar a la reclamación a los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo definitivo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha avisado sobre las encuestas que apuntan a una pérdida de confianza ciudadana en la Justicia.
Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante la inauguración del año judicial 2022/23, acto que contó con la asistencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, entre otras autoridades.
En cuanto a la situación del CGPJ, recordó que tras casi cuatro años de interinidad, su presidente exhortó el pasado 7 de septiembre a las fuerzas políticas para que llegaran a un acuerdo definitivo de renovación del máximo órgano de gobierno de los juzgados y tribunales, advirtiendo de la eventualidad de tener que adoptar medidas si no se renueva en las próximas semanas.
Acatar las normas europeas
Lorenzo Bragado apuntó que, además, la Comisión Europea, en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, en el capítulo dedicado a España, ya había señalado que el país debe proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.
Aquí, agregó que se trata de un planteamiento reiterado por la vicepresidenta de la Comisión Europea el 9 de septiembre al presidente del Consejo General en una carta en la que le expresaba su «coincidencia» con lo expuesto en el discurso de apertura del año judicial.
«No puedo estar más de acuerdo con estas manifestaciones -continuó el presidente del TSJC- que, en mi opinión, comparte la inmensa mayoría de la carrera judicial, máxime cuando desde marzo de 2021 se han recortado las competencias del Consejo, lo que afecta de manera negativa al normal funcionamiento de los tribunales y de sus órganos de gobierno».
Cuatro presidencias vacantes el el TSJC
En el caso concreto de Canarias, llamó la atención sobre que sólo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se encuentran vacantes cuatro presidencias, «justo el doble que el año pasado por estas mismas fechas».
Se refirió aquí a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a las dos Salas de lo Social, y la Sala de lo Contencioso con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
Objetivos del año judicial en Canarias
Respecto a los objetivos para el año judicial que comienza en Canarias, el presidente del TSJC expuso que se quiere continuar con la labor de seguimiento de todos los órganos y partidos judiciales del territorio, con especial énfasis en los más colapsados, solicitando medidas de refuerzo y la creación de nuevas plazas cuando así esté justificado.
También se busca impulsar la solución de los problemas de infraestructuras; y contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico.
De igual modo, se ha apostado en el ámbito del orden organizativo interno por una agenda estratégica con definición de ejes y programas de actuación para la modernización de la gestión del Tribunal.
También se seguirán impulsando los medios alternativos –mejor adecuados– de solución de conflictos; desarrollarán el plan de inspección en coordinación con el Servicio de Inspección del CGPJ; y se promoverá la renovación de los convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias y otras instituciones.
Finalmente, Lorenzo Bragado señaló que se reanudará el programa Educando en Justicia, a cuyo fin se está en contacto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Percepción ciudadana
Por otro lado, el presidente reflexionó sobre los resultados del último barómetro de la consultora GAD3, que preguntaba a los encuestados si consideraban que el Poder Judicial en España es realmente independiente del Poder Ejecutivo.
«La respuesta arroja pocas dudas. El 71% –de diferentes orientaciones políticas– contestó con un rotundo ‘no’, mientras que solo el 11% defendió que sí hay independencia judicial en nuestro país», señaló Lorenzo Bragado.
Por el contrario, según la última encuesta encargada por el Consejo General a Metroscopia, el 99% de los jueces y magistrados dijo sentirse totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.
«¿Qué pone de manifiesto esta discordancia? A mi juicio evidencia el deterioro del Estado de Derecho y la negativa imagen que se está transmitiendo a la ciudadanía sobre el funcionamiento de una de sus instituciones capitales», explicó.
Ante esta situación, el presidente del TSJC ha visto necesario reclamar la observancia de las reglas de juego. «Con ello –indicó– me refiero no solo a la inaplazable renovación del Consejo, sino también al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho».
No obstante, quiso confiar en que las fuerzas políticas, con lealtad y altura de miras, alcancen «cuanto antes» un acuerdo para renovar el Consejo General y para adoptar un modelo de elección de los vocales de procedencia judicial con arreglo a los estándares europeos.
