Canarias y Andalucía, las Comunidades Autónomas con los procesos de espera en los trámites de la dependencia más largos de España, según un informe del IMSERSO
Canarias (99 días más), Castilla y León (76), Baleares (47), Cantabria (45) y Madrid (31), además de Melilla (27 días) han visto alargarse los plazos que transcurren desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación, que son más dilatados en Canarias (1.080 días) y Andalucía (544).
Son datos del IMSERSO, a 30 de junio pasado de 2022 y relativos a cuatro trimestres. Un grupo de expertos ha evaluado por encargo del Ministerio de Derechos Sociales el sistema de atención a la dependencia (SAAD). Así, han calificado una vez más la lentitud del proceso como el principal problema que ha afectado al procedimiento de acceso al sistema desde sus inicios.
El problema, dice el informe, «se traduce en un acceso lento a los servicios necesarios, y también en la situación conocida popularmente como el ‘limbo de la dependencia’. «Una circunstancia que incluye una diversidad de situaciones en las que hay personas con reconocimiento de dependencia, pero sin acceso a prestaciones o servicios».
Murcia, Extremadura, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana
Después de Canarias y Andalucía, los plazos son más largos en Murcia (478 días) y Extremadura (389), las cuatro por encima de la media (385), y también en Galicia (365), Cataluña (324) y la Comunidad Valenciana (316).
Las comunidades con los tiempos más largos tienen su principal retraso en la fase de valoración, aunque los plazos de personalización también son excesivos. En este punto, Cataluña es la excepción, con plazos más largos para la personalización que para la valoración.
Señala también el informe que dos de esas comunidades, precisamente las que tienen plazos más largos (Canarias y Andalucía) tienen además un número significativo de personas con Programa Individual de Atención (PIA) «no efectivo”.
Los expertos apuntan como principales causas de los retrasos a la insuficiencia de medios humanos, en especial, personal técnico valorador; y las rigideces derivadas de un procedimiento administrativo prolijo, poco eficiente y con fuerte tendencia a atascarse en cuanto falla algún elemento, que se convierte en un problema serio en el momento en el que aparecen errores o insuficiencias en la documentación.
También, a las dificultades para asegurar una visita de valoración en situaciones de cambio de residencia, de hospitalización u otras ausencias; a la falta o insuficiente informatización del proceso; a los problemas de acceso e intercambio de información entre administraciones; y a la falta de disponibilidad de los servicios necesarios.
