El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este lunes que una de las opciones con las que se trabaja en la etapa de transición de la pandemia es la de facilitar espacios a las personas que den positivo por coronavirus para pasar la cuarentena y su traslado podría ser opcional.
«Es una opción que podría ser a personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones», ha dicho Illa en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó ayer a las comunidades a que, antes del próximo viernes, le enumeren en un listado las infraestructuras que puedan acoger, en cuanto sea necesario, a personas a las que se les ha diagnosticado la COVID-19 pero son asintomáticas.
Preguntado por esta cuestión, Illa ha indicado que en el proceso de desescalado de medidas por la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo trabaja en «distintas opciones» basadas en la evidencia científica, y una de ellas es esta, «siempre en el marco de una actitud de prudencia».
Illa ha señalado que para ello recabará la opinión de las comunidades autónomas y siempre respetando los derechos y libertades de una democracia como la española, «intentando anticipar futuros escenarios».
El ministro ha reconocido que las decisiones que se están adoptando desde el Ejecutivo para tratar de frenar la pandemia son «difíciles».
Medidas proporcionales
En la misma línea que Illa se manifestó el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo, ha explicado que, si un positivo por coronavirus asintomático no quiere confinarse, las autoridades tienen obligación de evitar que contagie al resto de la sociedad, pero ha prometido que se actuará «con criterios de proporcionalidad y ajustados al ordenamiento jurídico».
«Se pedirán los informes pertinentes y con ello se actuará», ha señalado Campo este lunes en rueda de prensa en la Moncloa al ser preguntado por los planes para que los contagiados asintomáticos queden confinados.
El ministro ha recordado que Sanidad todavía no tiene articulado un procedimiento y ha dejado claro que el estado de alarma no ha rebajado los estándares del Estado de derecho.
A su juicio, no puede haber una única respuesta, porque los supuestos serán muy diversos, desde la persona que vive con sus padres octogenarios y pide voluntariamente recluirse en otro lugar para no contagiarlos, hasta el que solicita hacerlo porque vive solo y tiene miedo de que le pase algo.
El tercer supuesto sería el «reticente», el renuente a una orden que se le da de confinarse para evitar que contagie a más personas.
«Las administraciones publicas tienen obligación de satisfacer esa obligación de que no esté contagiando», pero el debate está «abierto», ha señalado Campo y ha hecho hincapié en que se actuará con proporcionalidad y respetando el ordenamiento jurídico.
El aislamiento de positivos fuera de domicilios podría ser opcional
