El diputado del común ha hecho especial hincapié en el Informa Anual de 2022 en el abuso de la cita previa obligatoria en la Administración Pública
El diputado del común, Rafael Yanes, entregó al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el Informe Anual de 2022 de la Diputación del Común. Yanes avanzó algunos datos y reflexionó sobre algunos casos que preocupan a la Institución y que han sido queja continua durante el año de estudio. Además, destacó el abuso de la cita previa obligatoria en la Administración Pública.
El Informe refleja la vuelta a la normalidad después de superar la crisis provocada por la pandemia. Durante el año se registraron 2.925 quejas, que consolidan el crecimiento de los últimos cinco años en un 63%, pero supone una disminución con respecto al año 2021 del 20%. El área que más reclamaciones recibió vuelve a ser Dependencia, aunque con una disminución del 36% con respecto al año anterior.
El documento revela informaciones destacables en relación a las 29 áreas de gestión con las que trabaja la Diputación. Según Yanes, a rasgos generales, “el mayor crecimiento se registra en Vivienda, con un 64%, lo que demuestra que es una preocupación importante en nuestra Comunidad Autónoma”. Señaló, en esta misma línea, que “el área de mayor disminución es Tecnología de la Información y la Comunicación, con un 89%, debido a que gran parte de las quejas del año anterior fueron presentadas individualmente”.
Abuso de la cita previa
Por último, el diputado del común quiso destacar como dato negativo la respuesta de la Administración Pública a las peticiones de información. “La ley recoge que se debe contestar en 15 días, algo que sistemáticamente se incumple”.
Yanes hizo especial hincapié en que “la cita previa obligatoria es un abuso inaceptable de la Administración Pública”. Y añadió que “es aconsejable, porque así el ciudadano es atendido con puntualidad. Puede ser de atención preferente, pero nunca una condición indispensable. La Administración tiene que humanizar la atención al público. Exigir la cita previa limita los derechos de las personas, y la Administración Pública debe garantizar el mejor servicio a la ciudadanía”.
