La Comisión emitirá recomendaciones fiscales a medida para cada Estado
La Comisión Europea eliminará las suspensiones de las reglas fiscales que se establecieron para hacer frente a la pandemia de Covid-19 a finales de 2023. A partir de entonces se establecerá un periodo de transición previo a la aprobación del nuevo marco, que tendrá sendas adaptadas a cada Estado miembro, a los que volverá a exigir que el déficit máximo no supere el 3% para 2026.
Para ello, se tendrán en cuenta los datos al cierre del actual ejercicio, mientras que 2024 será el año de transición en el que se irán ajustando las reglas fiscales hasta que se apruebe la nueva normativa fiscal, que Bruselas no prevé aplicar antes de 2026.
«Confirmamos que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023″, han señalado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa conjunta este miércoles.
Según ha explicado Dombrovskis, estas orientaciones para 2024 deben considerarse como un «puente» entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo pueden funcionar en el futuro, lo que implica que algunos elementos de las orientaciones de reforma de la Comisión podrían incorporarse ya al ciclo de supervisión presupuestaria a partir de la primavera de 2023.
No obstante, dada la «elevada incertidumbre» actual, ambos han asegurado que la Comisión no pretende someter a los Estados miembro al procedimiento de déficit excesivo (PDE) esta primavera, sino que en su lugar, Bruselas propondrá al Consejo incoar PDE en la primavera de 2024 sobre la base de los datos de resultados de 2023.
En lo que respecta a España, de cara a los próximos ejercicios, el Gobierno prevé que en 2023 el déficit público bajará al 3,9%, frente al 4% estimado anteriormente; en 2024 se situará en el 3,3%, frente al 3,2% anterior, y caerá al 2,9% en 2025, por lo que para ese año se espera que España consiga salir del PDE.
Programas nacionales de estabilidad
Para garantizar una mayor implicación nacional, Bruselas ha invitado a los Estados miembro a presentar, antes de finales de abril, sus programas de Estabilidad y Convergencia, acorde a los criterios de ajuste fiscal propuestos por la Comisión.
Entre ellos, se exigirá que los países respeten el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit y garanticen una senda de reducción «creíble y continua» de la deuda, o de mantenimiento de la misma en niveles prudentes a medio plazo.
Además, deberán identificar cómo las reformas e inversiones previstas, incluso dentro de los Planes de Recuperación y Resiliencia, pueden contribuir a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e integrador.
Recomendaciones adaptadas a cada país
La revisión de la disciplina fiscal que ya perfiló el Ejecutivo comunitario en noviembre contempla reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete.
«Estas orientaciones reflejan el espíritu de las orientaciones de reforma de la Comisión», ha aseverado Gentiloni, quien ha apuntado que las recomendaciones fiscales específicas por país para 2024, que se presentarán en mayo, contendrán un requisito cuantitativo, así como orientaciones cualitativas sobre inversión y medidas energéticas.
Estas propuestas nacionales se cuantificarán y diferenciarán en función de los retos de deuda pública de cada país y se basarán en los objetivos fiscales establecidos por cada Estado miembro, que serán revisados por Bruselas.
Los requisitos se diferenciarán en función de los retos de sostenibilidad de la deuda de cada país, siguiendo los criterios propuestos en las orientaciones de reforma planteadas por Bruselas en lo que el comisario ha descrito como un «delicado» ejercicio de equilibrio, necesario para avanzar hacia un marco «creíble y sólido».
Todo ello, permitirá a las capitales definir sus políticas fiscales para 2024, que Bruselas quiere que sean «prudentes» en cuanto al gasto corriente, además de proteger la inversión. «Se trata de una fase transitoria y debemos trabajar con celeridad para que el conjunto de normas reformadas se apruebe lo antes posible», ha zanjado Gentiloni.
