Las autoridades comprobaron que las intervenciones Costa Canaria Veneguera SA presentaban daños irreversibles sobre el espacio arqueológico
El Cabildo de Gran Canaria abrió dos expedientes por la ejecución de unas obras sin autorización en el Barranco de Veneguera, y que están provocando graves daños a los elementos patrimoniales de la Zona Arqueológica de La Cañada de la Mar y en el yacimiento Playa de Veneguera-Fortaleza.
El acta, elaborada el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia, que tutela Teodoro Sosa, se notificó a la promotora de los trabajos, Costa Canaria Veneguera SA, para que suspenda de inmediata las intervenciones, así como a la entidad propietaria del BIC afectado, con objeto de que elabore un proyecto de intervención.
En la visita de inspección a ambos enclaves se comprobó que las intervenciones acometidas «han generado daños irreversibles muy graves sobre este espacio arqueológico, que mantenía un grado importante de integridad», apuntó Sosa.
De hecho, el informe incide en que las obras supusieron la destrucción de casi cuatro estructuras de piedra seca y, al mismo tiempo, dejaron los restos que se conservaron y que podrían contribuir a la pérdida definitiva de estos bienes del patrimonio cultural de Canarias.
Además, el documento señala que se desconoce si desaparecieron otros elementos muebles e inmuebles que definen la identidad de este Bien.
Las obras de canalización del cauce fueron solicitadas al Consejo Insular de Aguas
Por otro lado, en la inspección desarrollada en el yacimiento arqueológico Playa de Veneguera-Fortaleza, se constató que las actuaciones no implicaron la alteración de elementos arqueológicos muebles e inmuebles.
No obstante, los expertos subrayan que este yacimiento se recoge en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, y que en el artículo 229 de sus Normas Generales y Específicas se establece que cualquier obra en este tipo de espacios debe contar con la autorización de la administración competente, así como un estudio de impacto arqueológico del mismo.
Con esos argumentos, el Cabildo de Gran Canaria trasladó el acta a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a la APMUN, y lo notificó a la promotora del proyecto. Además, informaron a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, al Servicio insular de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Mogán.
Las obras de canalización del cauce público fueron solicitadas al Consejo Insular de Aguas, órgano que suspendió la autorización a mediados de febrero pasado al comprobar que se incumplía por parte de la empresa lo establecido en el proyecto.
Paralelamente, se iniciaron visitas de los agentes de Medio Ambiente, lo que dio lugar a que se paralizaran las obras, hasta que el pasado 11 de abril se verificó que los trabajos ejecutados modificaban sustancialmente el paraje natural.
