La Diputación Permanente ha convalidado en Pleno el decreto ley que aprueba las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, a los cuidados en el entorno familiar y al apoyo a personas cuidadoras no profesionales
El Gobierno «salda una deuda»
Así, en función del grado de dependencia reconocido se fijan 800 euros para Grado III; 477,25 euros, para Grado II, y 336 euros, para Grado I. Con respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), se establecen las siguientes cantidades máximas: 504 euros, para Grado III; 319,08 euros, para Grado II, y 180 euros, para Grado I.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha comentado que el Gobierno «salda una deuda» con los dependientes y sus familias que proviene de la época de Gobierno de Mariano Rajoy cuando se bajaron las cuantías un 15% y se eliminó la cotización de los cuidadores. «Es una vergüenza», ha señalado.
Santana ha aprovechado su intervención en la tribuna de oradores para hacer balance de legislatura en medio de un ‘baile de cifras’ con la oposición a cuenta de las listas de espera. Ha resaltado que el decreto ley beneficiará a más de 20.000 personas, que en diciembre del próximo año superará las 30.000. «Hemos hecho los deberes», ha agregado.
El Grupo Mixto dice que es insuficiente
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, se abstuvo en la votación. Ha tildado el decreto ley de «insuficiente y electoralista», en palabras de Acufade. Ha subrayado que hay «malestar» entre los afectados, especialmente porque «han tenido cuatro años y lo hacen semanas antes de las elecciones».
Ha dicho también que el Gobierno «no revierte los recortes» ya que «el coste de la vida ha subido un 18%». Ha reprochado al Ejecutivo que «solo da dinero» y no pone en marcha los servicios pertinentes, con muchas mujeres cuidadoras de dependientes que se «sienten esclavizadas»
Según Espino, «esto no puede seguir así gobierne quien gobierne, un compromiso debe ser cumplir con la ley de dependencia que no ha sido una de las prioridades del Gobierno».
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha reconocido que «es más fácil hacer política destructiva en campaña», pero ha defendido que la gestión de la dependencia ha sido una «prioridad» para el Gobierno y con este decreto ley se cubre el «vacío normativo» que había.
Sí Podemos pide que se llegue hasta el Salario Mínimo
María del Río, de Sí Podemos, ha indicado que el decreto «subsana errores» cometidos por los recortes de 2012 y aunque debió llegar antes cree que lo hace en un momento «tremendamente oportuno» tras los afectos de la pandemia y la subida de la inflación.
Además se ha mostrado a favor de que «el trabajo de los cuidados sea reconocido» y que al menos las prestaciones lleguen al nivel del salario mínimo. «No nos conformamos con esto pero es un avance», ha agregado.
Luis Campos, portavoz de NC, ha manifestado que «ojalá hubiera sido antes». Sin embargo, se ha mostrado satisfecho de la gestión del Gobierno en esta Legislatura por «poner al día todos los expedientes» y mejorar los tiempos de espera, aunque «siguen siendo tardíos y queda muchísimo por hacer.
Sobre las prestaciones a los cuidadores ha explicado que el aumento es «insuficiente» porque debe estar cerca del salario mínimo.
Poli Suárez, del Grupo Popular, ha criticado que Santana haya hecho «un mitin» desde la tribuna y no haya querido «hablar del fondo» del decreto, afeando al Ejecutivo que no haya sido capaz de «derogar todo que hizo mal Rajoy», ni siquiera con la reforma laboral.
Ha dicho que en las comunidades donde gobierna el PP, que la consejera «repudia», la lista de espera es menor que en Canarias. Ha lamentado que el año pasado murieran más de 3.000 personas en la islas esperando por ayudas y que los casi 1,5 millones que cuesta el decreto ley no llega ni al 0,2% del aumento de la recaudación.
El Grupo Nacionalista critica la gestión del Gobierno
José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha apuntado que Canarias está la primera en todas las listas de espera, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, cuando el Gobierno «ha tenido más dinero y personal que nunca», lo que revela su «incompetencia y falta de ejecución».
Ha criticado que en la pasada legislatura, desde las filas de Sí Podemos, llamaban a las ayudas «de mierda» y pese a ello, «han esperando cuatro años» pese a que hay resoluciones del Parlamento «para hacerse de forma acelerada y urgente».
No obstante, ha dicho que las ayudas deben ser actualizadas. Ha puesto sobre la mesa que tras aprobar el Gobierno unos 60 decretos durante esta Legislatura, aún «les llama la atención» el Consejo Consultivo, que alerta de «contradicciones» con la ley de servicios sociales.
El Grupo Socialista asegura que se ha cumplido el «compromiso» de Legislatura
Isaac Godoy, del Grupo Socialista, ha indicado que con la dependencia se cumple el «compromiso» de Legislatura del presidente, Ángel Víctor Torres, de dejar una «Canarias mejor». Ha subrayado que «no está resuelta la situación» porque «resolver 15 años de abandono es imposible en cuatro años».
Ha indicado que este decreto «ojalá hubiese llegando antes» pero también que «no se hubieran hecho los recortes del PP» pues «gran parte de culpa» de la situación de los dependientes en las islas es fruto de gobiernos del PP y de la «mala gestión» de CC.
Godoy ha valorado la inyección financiera del Gobierno central para mejorar la dependencia en Canarias, con 42 millones en 2023, y el descenso en la lista de espera, que desaparecerá en 2024 si se mantiene la tendencia.
