El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha garantizado que «todos los pequeños propietarios van a percibir íntegras sus rentas de alquiler» con las medidas de ayuda a los inquilinos que ha aprobado el Gobierno, mientras que «los fondos buitre tendrán que arrimar el hombro».
«No es lo mismo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que la complementan con la renta de un piso o un local que han comprado tras toda una vida de trabajo que alguien que tenga quince o veinte viviendas alquiladas o un fondo buitre con miles de viviendas y locales», ha defendido.
Iglesias ha considerado «clave» esta distinción en la rueda de prensa en la que ha explicado el paquete de ayudas para los afectados por la crisis del coronavirus que no puedan pagar el alquiler de su vivienda, al que ha dado luz verde este martes el Consejo de Ministros.
Las medidas van desde los microcréditos públicos a devolver en seis años, ampliables a diez, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la prórroga de contratos durante seis meses.
Iglesias ha señalado que esta prorroga en la práctica va a impedir que a un inquilino se le pueda subir el alquiler en los próximos seis meses.
También ha destacado que las condiciones de vulnerabilidad para acogerse a las ayudas son tan amplias que permitirán beneficiarse a un «gran número» de personas, entre las que ha citado a los desempleados, afectados por ERTE y por reducciones de jornada y a autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.
Si después de la crisis estas personas mantienen las condiciones de vulnerabilidad y no pueden saldar la deuda, se hará cargo de ella el Estado, ha garantizado.
Iglesias ha subrayado que en esta situación «los grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión van a asumir como es normal parte del impacto de la medida, efectuando quitas o reestructuración de deuda».
Según ha explicado, si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión éste tendrá que elegir entre la quita del 50 % de la deuda o reestructurarla para el pago en tres años.
«Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro para que en esta crisis se haga efectivo el derecho constitucional a la vivienda», ha resumido.
