Los agricultores protestan desde hace días. Piden medidas urgentes para reducir la burocracia, flexibilizar la Política Agraria Común e imponer las mismas condiciones de producción a las importaciones de terceros países
Las protestas de los agricultores españoles buscan solucionar los problemas del campo a partir de una diversidad de actores y reivindicaciones. Una situación que choca, a corto plazo, con la complejidad de una política agraria que se dirime a escala europea, nacional y autonómica.
En la última semana, las tractoradas han ido acompañadas de mensajes que reclaman medidas urgentes para reducir la burocracia y las exigencias ambientales, flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) e imponer las mismas condiciones de producción a las importaciones de terceros países, aparte de otras demandas que varían en función de los convocantes y los territorios.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA comenzaron a manifestarse el pasado jueves, dos días después de que lo hicieran grupos de productores movilizados por redes sociales, lo que dio lugar a la creación de la Plataforma 6F, y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
Todas ellas han convocado protestas para las próximas semanas.
¿Cómo obtener resultados?
«No hay una tabla única de reivindicaciones y así es muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo», apunta a EFE el catedrático emérito de Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) José María Sumpsi, quien vaticina que, «si continúan los días de caos y confusión, la legitimidad de las protestas se verá afectada».
El ingeniero agrónomo y sociólogo Eduardo Moyano, antiguo investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), augura que, tras un estallido inicial «muy intenso», las protestas se diluirán con el tiempo, pues los agricultores «no pueden estar mucho tiempo en la carretera y tienen que alimentar las vacas y sembrar las tierras».
«Una cosa es manifestarse y otra cosa es plasmar esa protesta en reivindicaciones concretas», algo que solo es posible que hagan las organizaciones agrarias que se sienten en la mesa negociadora con los poderes públicos, afirma el experto.
En este caso, sostiene que solo las organizaciones mayoritarias Asaja, COAG y UPA están reconocidas como interlocutores por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y pueden negociar una tabla reivindicativa que represente las distintas sensibilidades que existen en la agricultura española.
Para Sumpsi, el sector primario es «muy variado y diverso», con explotaciones grandes y pequeñas dedicadas a muchos tipos de producciones, con grandes diferencias de rentabilidad.
En su radiografía general del sector, cabe destacar que la renta agraria se recuperó en 2023, cuando los costes de producción se moderaron y los precios percibidos por los agricultores españoles aumentaron, y la competitividad del sector ha mejorado en los últimos años, como muestra el superávit de su balanza comercial.
«El nivel de requisitos ambientales y climáticos ha ido aumentando con la PAC y el control de su cumplimiento obliga a los agricultores a una mayor burocracia; también hay una competencia desleal por parte de las importaciones agrarias de terceros países cuyos productores no tienen que cumplir esos requisitos», asegura.
Sin embargo, recuerda que «las ayudas de la PAC pierden legitimidad social sin el cumplimiento de esas prácticas ambientales y que la mayoría de países terceros, sobre todo de países en desarrollo, carecen de las ayudas por hectárea que reciben los agricultores europeos».
A juicio de Sumpsi, los agricultores deben contribuir a preservar el medio ambiente y mitigar el cambio climático aceptando ciertos controles, los cuales tienen que simplificarse «al máximo» al tiempo que deben «suavizarse» las metas ambientales comunitarias.
«La transición ecológica en la agricultura, al igual que en otros sectores, es un proceso complejo, a veces costoso y con efectos indeseados, por lo que debe revisarse a fondo», añade el catedrático.
Moyano subraya que el paquete legislativo del Pacto Verde Europeo, promovido por la actual Comisión Europea, todavía no se ha implementado, y matiza que los agricultores están pidiendo que en el futuro las exigencias ambientales se apliquen «gradualmente en el marco de una transición, no de una ruptura», ofreciendo alternativas y más ayudas para compensar sus esfuerzos.
¿Qué se puede hacer en adelante?
Tras las protestas de los agricultores en la Unión Europea (UE) y las negociaciones con los Estados miembros, Bruselas ha anunciado cambios para sustituir la obligación de mantener en barbecho un 4 % de las tierras durante 2024 por la rotación de ciertos cultivos.
El Gobierno ha avanzado que pedirá la simplificación de la PAC en la UE y seguirá trabajando para lograr la reciprocidad de las normas en los acuerdos comerciales con terceros países (cláusulas espejo), respetando las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Moyano considera que se pueden incorporar cláusulas de salvaguarda en las futuras negociaciones comerciales, pero las cláusulas espejo «no se van a introducir de inmediato».
En su opinión, la OMC no está dispuesta a obligar a los productores de países en desarrollo a cumplir los controles fitosanitarios europeos, más exigentes que los estándares fijados por la propia organización, como tampoco se espera la inclusión del coste de la mano de obra en esas cláusulas.
Observatorio de la cadena alimentaria
En España, este miércoles se reúne el Observatorio de la cadena alimentaria, con la participación de los distintos eslabones, después de que el Ejecutivo haya prometido reforzar los controles para el cumplimiento de la ley de la cadena, que prohíbe la venta a pérdidas.
Aparte, los cambios en el plan estratégico nacional de la nueva PAC, adoptado por el Gobierno en cooperación con las comunidades autónomas, deben ser autorizados por la Comisión Europea, que se ha mostrado flexible en algunos puntos, según Moyano.
El experto afirma que el Ejecutivo no tiene mucho margen de maniobra, aunque sí puede mejorar el sistema de seguros agrarios e incluir nuevas circunstancias de siniestralidad, y expresa su esperanza de que la ley de la cadena tenga efectos más a medio y largo plazo, al promover una mayor cultura de cooperación.
