La iniciativa de independencia que admitió el Mesa del Parlament contó con los apoyos de Junts y de la CUP, pero con la abstención de ERC
El Gobierno ha decidido este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament admitió a trámite el pasado 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña y pide la suspensión de la tramitación.
Según ha explicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta decisión paraliza «de manera inmediata» la tramitación de esta iniciativa.
Esto es así debido a que es el Gobierno el que presenta el recurso de inconstitucionalidad, lo que no ocurre cuando lo presenta un grupo parlamentario.
Bolaños ha señalado que este recurso «es absolutamente coherente» con la política del Gobierno de Pedro Sánchez porque este recurso «protege la Constitución, las instituciones de Cataluña y protege el diálogo, los acuerdos y que seamos capaces de entendernos».
Rechazo a iniciativas que divida y fracture la sociedad
Ha reiterado que ni el Gobierno ni el PSOE «apuestan en ningún caso por el aislamiento de Cataluña de España y de Europa» porque lo que quieren es que esta forme parte «y sea parte esencial y fundamental de España y de la UE».
«No creemos en ninguna política aislacionista de Cataluña, lo que queremos es que sea el motor tanto de España como de Europa», ha señalado.
Y este recurso, ha añadido, va en esa dirección al rechazar cualquier iniciativa «que sea divisiva, fracture la sociedad y genere tensión» como cree que ocurriría con la tramitación de esta ILP.
Bolaños también ha dicho que la defensa de la Constitución, del Estatut y de los órganos de autogobierno catalanes «son la mejor garantía para la convivencia en Cataluña «y para la convivencia de catalanes con el resto de españoles».
La impugnación de esta ILP que ha aprobado solicitar el Ejecutivo, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se produce una semana después de que el grupo parlamentario socialista en la cámara catalana presentara su propio recurso al Constitucional contra la tramitación de esta propuesta.
La Mesa del Parlament admitió a trámite esta iniciativa promovida por Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC y a pesar del informe consultivo negativo de un letrado.
