Su objetivo es que Gobierno apruebe un real decreto para regularizar la situación administrativa de 500.000 extranjeros
El pleno del Congreso tramitará, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, la iniciativa legislativa popular (ILP). Para tramitar la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España.
Una amplia mayoría de la Cámara Baja ha votado este martes a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, incluidos Partido Popular y Junts.
El diputado de Junts Josep María Cervera confirmaba durante el debate en la Cámara Baja que votaría a favor de tramitar la iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 600.000 firmas, mientras que el PP ha despejado las dudas en la votación.
Este es el primer paso para que sea tramitada en el Congreso. Junts ha dado el visto bueno a la tramitación por «respeto» a las alrededor de 900 entidades sociales promotoras de esta iniciativa. También a las más de 600.000 firmas recogidas. No obstante, estudiará los pasos de la tramitación parlamentaria para su posicionamiento definitivo.
Por su parte, la diputada del PP, Sofía Acedo, ha planteado grandes reservas sobre la iniciativa. Desde cuestiones técnicas hasta un potencial efecto llamada. Sin embargo, informó de que su grupo «dará salida» a la toma en consideración de la propuesta.
Ahondar en el debate sobre este fenómeno servirá para, ha dicho, «retratar al Gobierno» acerca del número de personas que hay en situación de irregularidad en España y los motivos que les ha llevado a esas circunstancias. Además, a su juicio, hay que abordar esta materia desde un equilibrio que tenga en cuenta el «limbo jurídico en que se encuentran muchas personas extranjeras» y el «control de fronteras».
PSOE hará enmiendas
El PSOE confirmó que apoyaría que se tramite la ILP para enmendarla después, sin que haya detallado en qué sentido. «No vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras», ha señalado su portavoz, Patxi López, al ser preguntado por los puntos susceptibles de modificación.
También en sendas comparecencias ante los medios, los portavoces de Sumar y Podemos habían confirmado su voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa, como han hecho durante el debate ERC, Bildu y BNG, al mostrar un apoyo expreso al fondo de la propuesta.
Fuentes de Coalición Canaria adelantaron que votarían a favor de que se tramite la propuesta. El PNV, en palabras de su diputado Mikel Legarda, adelantó en el debate el «sí» de sus diputados, pero matizó que para su grupo la propuesta deberá reorientarse hacia una regularización extraordinaria, «caso a caso».
Vox reitera su negativa y Sumar va más allá
Por su parte, la diputada de Vox, Rocío de Meer, ha reiterado su negativa. Aludió a un potencial efecto llamada y relaciona inmigración irregular con inseguridad. Unas palabras tachacdas de «discurso de odio» por la diputada socialista Elisa Garrido.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha señalado que su formación instaría a la creación de una comisión de seguimiento. «No vamos a permitir que se apruebe hoy para después meterse en un cajón», ha defendido.
Años de trabajo
La iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas. Su objetivo es dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para tramitar la regularización de la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Según sus promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, que cifran en alrededor de 500.000.
La comisión promotora de la iniciativa la formaron la red #RegularizaciónYa, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo.
La propuesta ha recibido el respaldo de numerosas ONG y asociaciones, además de otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica.
