El protocolo es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de diversos ámbitos
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, presentaron el Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias.
El principal objetivo de este protocolo es establecer pautas de actuación ante la sospecha de violencia en una persona menor de edad desde los servicios sanitarios, así como las vías de comunicación y actuación coordinada con el resto de instituciones que intervienen: servicios sociales municipales, Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, instancias judiciales, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, se busca mejorar la detección y la actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y la adolescencia en el archipiélago, evitando la victimización secundaria y garantizando la protección de las personas menores víctimas de violencia con un mismo protocolo regional de actuación.
Un trabajo multidisciplinar entre profesionales de distintos ámbitos
Durante su intervención, la consejera puso en valor el trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos. Según explicó, este documento es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, policial, Medicina forense, Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias y de los equipos municipales e insulares, así como del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.
Antonia Pérez recordó que “los profesionales de la salud, como asesores de confianza para progenitores, cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia por su conocimiento del ámbito familiar y como promotores de educación para la salud, de habilidades parentales y promoviendo prácticas adecuadas basadas en la evidencia, que sean enriquecedoras y positivas”.
Una medida contra la violencia vicaria
Una de las principales formas de violencia a la que se enfrentan los menores es la violencia vicaria, es decir, la que ejercen algunos de sus progenitores sobre el menor. Una lacra que ha aumentado debido también al auge de casos de violencia de género y que desde el Ministerio de Igualdad señalan que puede tratarse de un cambio de patrón de la violencia machista. Motivo por el cual la ministra Ana Redondo ha pedido un Pacto de Estado en el que se incluya la violencia vicaria.
Este 2024 ya es el peor año en relación a la violencia vicaria, con un total de 7 niños víctimas de este tipo de violencia. Desde el 2013, 57 menores han sido asesinados en crímenes vicarios y según datos del Ministerio del Interior, cerca de 10.000 menores están en riesgo de sufrir este tipo de violencia en el país.
