El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que el Estado deben entender que las administraciones canarias son «maduras» para saber qué hacer en su litoral
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Costas de Galicia «habilita» el camino al archipiélago para que pueda tener la suya.
«Recientemente el Constitucional le ha dado un varapalo al Gobierno de España con la Ley de Costas que hizo Galicia. Todos los fundamentos de la sentencia van en el informe que se hizo por los servicios jurídicos en los dictámenes y en el informe del Consejo Constitutivo de Canarias. Donde a raíz del estatuto de autonomía se transfirieron las competencias y el decreto simplemente es cómo se transfieren las competencias. Pero las competencias ya están transferidas, que es nuestra tesis», apuntilló en declaraciones a los periodistas.
Por ello, consideró que la sentencia del TC no solo «habilita» un camino para que Canarias pueda tener su propia ley de Costas, que matizó la va a encargar, sino que de esta forma el Estado entienda que las administraciones canarias son «maduras» para saber qué hacer en su litoral.
«Arrogancia por parte del Gobierno de España»
Esto después, apuntó, de que la comisión bilateral saliera «mal» porque el Ejecutivo canario se encontró «con bastante arrogancia por parte del Gobierno de España«, a pesar matizó que en los años 60, en los años 70, «se cometieron algunas barbaridades en el litoral», algo que afirmó comprender, pero que subrayó «fue el Estado, no fueron las administraciones canarias».
«Todas esas obras fueron hechas con autorización del Estado«, prosiguió para apuntar que lo que el Gobierno canario quiere es «no solo preservar» su litoral, sino que «todas» las actividades puedan ser reguladas por las administraciones canarias, sobre todo asuntos como el que ocupa, que no tiene que ver con las competencias, pero sí ocupa, que es el Hotel RIU Oliva Beach y Tres Islas».
Al respecto, recordó que esta es una circunstancia en la que a los trabajadores dos gobiernos de España distintos les prometieron que «su problemática se iba a resolver», sin embargo todavía está «lejos» de resolverlo.
