La demanda de Begoña Gómez se sustenta en la revelación de secretos y las decisiones «arbitrarias e injustas» que han creado indefensión durante el proceso
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado una demanda por presunta prevaricación contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado. Considera que ha adoptado decisiones «arbitrarias y manifiestamente injustas» y «ha forzado» las normas en una instrucción «perversa».
El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado. Según argumenta, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.
Ha sido tres días después de que la Abogacía del Estado se querellase contra el juez en representación de Pedro Sánchez. Entienden que dictó «a sabiendas» varias resoluciones contrarias a lo dispuesto en la norma, que atendían a «convicciones propias».
Una «instrucción «perversa»
La defensa de Gómez fundamenta su querella en las decisiones «injustas», «arbitrarias», «no justificadas, carentes de motivación y contradictorias» que el juez ha tomado a lo largo de la investigación.
Habla el letrado, en la demanda, de una «instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva», que busca dirigir «una causa general» contra Begoña Gómez para investigar «toda» su vida y «tratar de determinar» si ha cometido algún delito.
En su opinión, el juez Peinado «ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible. Ha forzado las normas aplicables» y ha tomado decisiones «sin amparo legal». Según la defensa, muchas veces, sin posibilidad de recurso. «Con evidente impacto en todos los ámbitos» de la vida de Gómez «debido a la importantísima repercusión mediática del proceso».
«Carácter prevaricador»
Estas decisiones, como la de acudir el martes a la Moncloa y no permitir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, testificar por escrito por razón de su cargo, tienen un «carácter aparentemente prevaricador». Tan «palmario» que ha dado lugar a que la Abogacía del Estado también se querellase contra el juez.
Dice el letrado desconocer si las decisiones del juez «tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social. O si tan solo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático», pero ve «indicios evidentes» de que se adoptaron «de forma arbitraria e injusta».
La querella repasa diferentes resoluciones del juez. Recuerda que esas decisiones han ampliado el objeto de la investigación, «parecen rebatir, conscientemente y sabiendas» varios informes policiales que descartaban indicios de delito.
Critica que este procedimiento «muta el objeto de la causa» y «mutan los testigos a investigados». Según la defensa, creando «indefensión». Como ha ocurrido con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que se convirtieron en investigados días después de declarar como testigos.
Revelación de secretos
Begoña Gómez también quiere que Peinado sea investigado por haber revelado a acusaciones una serie de actuaciones procesales que entonces estaban declaradas secretas.
Su defensa, explica la querella, no tuvo acceso a documentación cuando la causa estaba secreta, entre el 16 de abril y el 24 de mayo. Argumenta que el juez dio «acceso a quien no debía» del procedimiento. Y añade que el juez «necesariamente» tuvo que autorizar la publicación de información secreta por parte del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
«Pese a ser la causa secreta era transmitida en directo por los medios de comunicación (…)», ironiza el letrado, que carga contra el juez Peinado por crear «un secreto a la carta» en detrimento de los derechos de Begoña Gómez.
Este tipo de revelaciones, dice, perjudican «gravemente» su derecho de defensa y le causan «un grave perjuicio ante la sociedad».
En su querella, el abogado indica que «no es la primera vez» que en el juzgado de Peinado «se producen instrucciones en las que se vulneran garantías procesales». Menciona una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una orden de entrada en prisión acordada por el juez en una causa por no respetar «las garantías legales de información».
