El presidente de Geursa, Mauricio Roque convocó al consejo de administración para dar respuesta ante el «caso Valka»
La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) ha celebrado este lunes un Consejo de Administración en el que la empresa decidió personarse en la causa abierta por el «caso Valka». Todo ello tras la convocatoria de su presidente, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque.
El presidente de Geursa ha anunciado que esta personación se realiza tras el previo asesoramiento de los servicios jurídicos y del Órgano de Cumplimiento Normativo.
Asimismo, Roque recordó que Geursa, voluntariamente, implementó un modelo de cumplimiento normativo. Roque afirma que la empresa conforme a las reformas legislativas incluidas en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Además, el consejo de administración también aprobó la propuesta efectuada por el Órgano de Cumplimiento Normativo. Esta pretende iniciar la investigación interna de la sociedad a la luz de los hechos acontecidos el 19 de agosto de 2024, siguiendo lo establecido en el modelo de prevención de riesgos.
Por otro lado, el presidente de GEURSA y concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda señaló que «las declaraciones realizadas por la portavoz del PP, Jimena Delgado, son irresponsables. Esto se debe a que el Consejo ha sido convocado por su presidente, y no por la gerente de GEURSA. En segundo lugar, porque ha desvelado deliberaciones del Consejo de Administración cuando estas son secretas».
Además, añadió que, «son irrespetuosas puesto que no respeta el principio de presunción de inocencia que todos los españoles nos hemos dado en nuestro Estado de Derecho».
La entidad reitera su colaboración con la justicia y su compromiso de actuar con responsabilidad, rigor y diligencia, de acuerdo con la legalidad vigente. Respetando, así, el principio de presunción de inocencia que corresponde al Estado de derecho en el que nos encontramos.
