En el caso Emalsa se juzga a 15 exdirectivos por haber causado presuntamente perjuicio económico de más de 23 millones a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria
Una indisposición del abogado José María Palomino, que representa a tres de los acusados del caso Emalsa, en el que se juzga a 15 exdirectivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan por supuestamente haber causado un perjuicio económico de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado a suspender las cuestiones previas hasta mañana miércoles.
El presidente del tribunal, Pedro Herrera, ha manifestado este martes a la sala que, ante este hecho «repentino y desgraciado», ha acordado convocar de nuevo la vista mañana a las 09.30 horas para decidir si puede continuar el juicio o se tendrá que aplazar.
En caso de que siga adelante, ha indicado, se iniciará con la contestación de los magistrados a las cuestiones previas planteadas por las defensas.
Fiscalía de Delitos Económicos
La Fiscalía de Delitos Económicos acusa a los 15 imputados de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, entre los años 2008 y 2012 supuestamente mediante la adjudicación de contratos de forma irregular a la empresa Sercanarias, una filial de Saur y Valoriza, y por el contrato de alquiler suscrito en verano de 2008 entre la empresa de aguas y Satocan.
Además de la Fiscalía, figuran como acusaciones el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el comité de empresa de Emalsa y la Asociación Cívica ‘El sol sale para todos’.
Entre las cuestiones planteadas por dos de las defensas, se ha solicitado la admisión de un informe pericial, que ha sido apoyado por el resto de los letrados defensores, para rebatir las conclusiones a las que llega la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, en cuanto al quebranto económico del que acusa a los 15 investigados.
Informe Kroll
La abogada Noelia Afonso, que representa a cuatro de los investigados que entonces pertenecían a Saur, Sercanarias y Emalsa, y el letrado Alberto Rodríguez-Mourullo, que defiende a un exdirectivo de Saur, han considerado que el Informe Kroll que presentan incide en cálculos y planteamientos técnicos sobre la cuantificación del perjuicio que atribuye a sus defendidos la fiscal y que contienen «errores aritméticos», además de «mezclar contratos».
Según Afonso, se trata de un informe que puede tener una «gran incidencia en la sentencia», y que entiende que debe ser admitido porque «contrarresta el relato fáctico de la fiscal y no genera indefensión alguna a las partes, por lo que ha solicitado al tribunal que, si no lo acepta como informe pericial, al menos sea considerado como documental para que se pueda preguntar sobre el mismo durante el juicio.
Este informe para las defensas demostraría que no se perjudicó a Emalsa, según ha señalado el abogado Francisco José Fernández de la Cigoña, que representa a otro de los investigados que fue exdirectivo de Emalsa y de la empresa Sercanarias.
Rodríguez-Mourullo ha incidido en que se trata de un informe «oportuno y aclaratorio», que, de no admitirse, se podría presentar una cuestión de nulidad, y, de prosperar, obligaría a repetirse el juicio.
La fiscal, el letrado del comité de empresa de Emalsa y la Asociación Cívica ‘El sol sale para todos’ se han opuesto a que se admita el informe por ser extemporáneo y «sorpresivo», pues, según Evangelina Ríos, se ha esperado a que se aproximara el inicio del juicio para presentarlo, y por ello ya ha sido rechazado por la sala tras presentarse el pasado 16 de septiembre, ha recordado.
Según Ríos, de admitirse como prueba pericial se vería obligada a pedir la suspensión del juicio para poder estudiarlo y es algo que ha adelantado que no está dispuesta a solicitar.
El letrado del comité de empresa de Emalsa ha abundado en que las defensas han tenido tiempo suficiente para proponer esa prueba, y ha apuntado que lo que se pretende es dilatar el proceso para lograr atenuantes y presentar «un doble escrito de defensa», por lo que lo calificó de «fraudulento», mientras que el abogado de la asociación cívica lo ha rechazado por «impertinente».
José María Palomino, antes de su indisposición, se adhirió a las cuestiones previas presentadas por el resto de sus compañeros, que consideró «acertadas y justificadas» y recalcó que, tal y como ya indicó en el escrito de defensa de sus clientes -un empleado y dos directivos de Satocan-, se han vulnerado sus derechos fundamentales.
Según Palomino, el Ministerio Fiscal y la Asociación Cívica proponen en sus escritos un relato «vago, genérico e impreciso», incluyen «juicios de valor» e incluso atribuyen responsabilidades del Consejo de Administración de Emalsa a uno de sus clientes, cuando no estuvo presente en la reuniones en las que se adoptaron los acuerdos que se le imputan.
Además, exigen una responsabilidad civil por el contrato de alquiler de las oficinas de Satocan por parte de Emalsa, cuando el Ayuntamiento no la reclama.
La vulnerabilidad de derechos fundamentales también ha sido alegada por el resto de letrados, entre otras cuestiones previas, al compartir que las acusaciones que se formulan se basan en hechos genéricos que producen indefensión.
El letrado José Ignacio Nestares, que representa al presidente ejecutivo de Saur, Oliver Brousse, que formó parte del Consejo de Administración de Emalsa desde 2009 hasta 2014, ha asegurado que la «inconcreción» de hecho en el caso de su cliente es «absoluta» y se le exige una responsabilidad civil por la totalidad, como si se tratara de una «cuadrilla de forajidos».
