El presupuesto de la Consejería de Transición Ecológica para 2025 aumenta respecto al año anterior cerca de un seis por ciento y se destinará al desarrollo energético y proteger el medio ambiente
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, presentó este jueves en comisión parlamentaria el presupuesto de su área para 2025. Son 313.332.247 millones de euros para guiar a Canarias hacia una transición ecológica y energética eficiente. Para ello, el objetivo del área es desarrollar nuevas iniciativas contra el cambio climático y proteger y conservar la biodiversidad del archipiélago.
Así, la Consejería aumenta su presupuesto respecto al año anterior un 5,95%. Según Zapata, “cuando asumimos la dirección de la Consejería en 2023 contábamos con 187 millones de euros, pero en apenas dos años, alcanzamos cerca del doble del presupuesto”.
Crecen notablemente la de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que tendrá este 2025 un 46,63% más de presupuesto. La partida para Energía también crece cerca de un 7%.
Asimismo, “incrementamos nuestro peso global del presupuesto de la Comunidad Autónoma”, explicó el consejero. Además aseguró “que ha pasado del 1,94% en 2023, al 2,75% en 2024 y crece hasta el 2,82% en 2025 gracias a los 17 millones de euros adicionales respecto al año pasado”.
Zapata explicó que «con estas cuentas respaldamos además, las modificaciones de la ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, destinando importantes cuantías al Plan Formativo Verde, a la creación de refugios climáticos en nuestras ciudades o a la puesta en marcha de la Oficina Canaria de Acción Climática”.
Adaptación al cambio climático en 2025
En 2025 la Consejería de Transición Ecológica destina una parte considerable del presupuesto a la lucha contra el cambio climático, con casi 11 millones de euros, “que vienen a dar continuidad a la labor de adaptación que llevamos tiempo realizando en Canarias y que cuenta con importantes novedades para el futuro de nuestro archipiélago”.
En esta materia destaca una nueva partida de 1,5 millones de euros para realizar proyectos de adaptación climática para disminuir riesgos de incendios y de erosión de suelos y crear de refugios climáticos verdes.
Zapata puntualizó que “se trabajará con cabildos y ayuntamientos para identificar espacios que funcionen como refugios ante el aumento de temperaturas, junto a una guía para orientar a los municipios en la creación de estos refugios en zonas urbanas, y crear así la futura Red Canaria de Refugios Climáticos”.
Asimismo, “también incluimos el desarrollo de un Plan Formativo Verde para empleos sostenibles, con un total de 400 mil euros, la creación de la Oficina Canaria de Acción Climática, con 311 mil euros, y el refuerzo de la investigación sobre los efectos del cambio climático”, aseguró Zapata.
Transición y gestión de la emergencia energética
Del total del presupuesto, 197 millones corren a cargo de Fondos Next Generation. Esto se traduce en una importante apuesta por la transición energética de Canarias y los objetivos de descarbonilación del archipiélago.
En esta misma línea, se aumenta un 3%, con casi un millón de euros, la cuantía para las Oficinas Verdes de Canarias, que ofrecen información, respuestas y servicios personalizados a cualquier persona, entidad, administración o empresa del archipiélago que desee formar parte de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Un importe que se suma a la ampliación de las mismas, con la creación de las Oficinas Energéticas, que cuentan con una partida de 2,1 millones de euros para 2025.
También en materia energética, la Consejería destina 1 millón de euros para un Plan de Interinos que agilice la gestión de la Emergencia Energética en la Dirección General de Energía, junto con un aumento en las subvenciones FEDER de 10 a 14 millones para apoyar la transición energética.
Además, “no podemos olvidar la importante reducción de la factura eléctrica gracias a la gestión en la Dirección General”, aseguró Zapata. El consejero también afirmó que en 2024 consiguieron un ahorro del 20%, con más de 10 millones de euros y “en 2025 continuaran con ese ahorro”.
Biodiversidad, parques nacionales y prevención de incendios
Se destinan importantes partidas para la conservación de la biodiversidad marina y terrestre, con más de dos millones a cargo de fondos FEDER 21-27, que tienen que ver con estudios, planificación de especies en peligro de extinción, planificación de recuperación, y lucha contra especies invasoras, así como un partida de más de un millón de euros para el mantenimiento de la herramienta BIOCAN.
Además, se mantiene el presupuesto de 17.655.218 millones de euros para los Parques Nacionales, para “restaurar, ordenar y conservar los ecosistemas naturales canarios y su biodiversidad”.
También se mantiene el presupuesto para los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), con 9,6 millones para prevenir y disminuir el riesgo de incendios y responder rápido ante ellos.
Gestión de residuos
Según afirmó Zapata, se destinará presupuesto para mejorar las infraestructuras de gestión de residuos “en aquellas islas donde existen mayores desviaciones respecto a los objetivos establecidos en la Ley 7/2022”, con un total de 3,7 millones.
El consejero también aseguró que “garantizamos la culminación del proyecto ambiental de Zurita, en Fuerteventura, con 3 millones de euros para 2025 y que culminará con el resto de presupuesto que asciende a un total de 14 millones de euros”.
Asimismo, “seguimos avanzando en esta materia de la mano de todas las administraciones y poniendo en marcha innovadores proyectos para implementar una economía circular real en las islas», explicó Zapata.
Finalmente, “se mantiene el presupuesto de vertidos tierra a mar y la Consejería trabaja en un Plan de Mitigación centrado en actualizar el censo de vertidos, aplicando los avances técnicos en esta materia, así como en el apoyo a las administraciones locales en materia de autorizaciones”, afirmó el consejero.
Zapata explicó que además “se elaborará una campaña de detección de nuevos vertidos al mar no censados, de la mano de medios propios que actuarán, tanto por observación directa (tierra y embarcaciones), como aérea (drones) y submarina (mediante inmersiones). Se prevé que este plan se desarrolle durante el año 2025”.