El Gobierno ha salvado en el Congreso el polémico decreto ley que pone fin al estado de alarma y que erige al Tribunal Supremo como máxima autoridad para pronunciarse sobre la limitación de movimientos. Lo ha hecho gracias a las medidas de protección sociales
PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PDeCAT, JXCAT, la CUP, Más País, Compromís, CC y Nueva Canarias, entre otras formaciones, han apoyado este decreto que pone fin al estado de alarma. Sin embargo, ha recibido el voto en contra del PP y Cs y las abstenciones de Vox, PNV y BNG.
El decreto ha sido aprobado por 189 votos a favor, 100 en contra y 60 abstenciones. Y se tramitará como un proyecto de ley por petición unánime para que algunas medidas puedan recibir cambios.
ERC, que en un principio había señalado una abstención, ha modificado su voto en el último momento para votar a favor. Por su parte, Vox ha decidido abstenerse toda vez que siempre se ha mostrado en contra de que se declarara un estado de alarma.
Reacciones
Durante el debate, el Ejecutivo ha recibido duras críticas por parte de la oposición y de sus socios de investidura. Le han reprochado falta de diálogo y de consenso para acordar un paraguas jurídico que diera la misma cobertura a todas las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma.
«Caos jurídico», «desconcierto» entre autonomías y traspaso de competencias políticas a los tribunales. Estas han sido las críticas que han vertido prácticamente todos los partidos políticos y que ha tenido que escuchar la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Ribera ha sido la encargada de defender un decreto que ve «urgente y necesario» para que determinadas medidas sean prorrogadas. Como la suspensión de desahucios o las moratorias en los pagos del alquiler hasta el 9 de agosto.
«La pandemia no ha terminado aunque el estado de alarma se haya levantado y no podemos dejar desamparados a los que necesitan protección adicional». Ha puntualizado tras calificar de «esperanzadora» la situación actual.
Una situación que el PNV ve con cierto riesgo por posibles rebrotes. Y así se lo ha hecho saber la diputada Josune Gorospe tras recriminar que como socio prioritario de Sánchez no les hayan llamado «para nada».
Gorospe ha lamentado las «prisas» del Gobierno por pasar «a otra pantalla» con medidas «cuestionables» como es la de someter a control judicial todas las decisiones sanitarias.
Otras medidas
El decreto también incluye medidas como controlar los pasajeros internacionales y extender la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID-19 así, como la consideración de servicios esenciales los vinculados a la violencia de género.
