Cinco años de un mandato caducado en el CGPJ por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación, una crisis institucional sin precedentes
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes cinco años en funciones, es decir un mandato completo caducado e inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.
El 4 de diciembre de 2018 debió renovarse la composición del Consejo, tal y como habían pactado el PSOE y el PP, hasta el punto de que habían comenzado las comparecencias en el Congreso de los candidatos.
Pero el célebre mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar «por detrás» la sala segunda del alto tribunal, rompió el acuerdo, y desde entonces han pasado cinco años.
El pacto estuvo prácticamente cerrado de nuevo hace poco más de un año, pero de nuevo el PP lo rompió, en ese caso por la supresión del delito de sedición.
No hay visos de acuerdo
Ahora no hay visos de acuerdo y el CGPJ arranca nueva etapa con solo 16 de sus 20 vocales, sin capacidad de hacer nombramientos, un presidente interino – el tercero en un año- y un mandato que comenzó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV.
La Comisión Europea ha urgido en varias ocasiones a la renovación del Consejo sin que se le haya hecho caso.
Hace unos días, Félix Bolaños estrenó su cargo al frente de Justicia con una visita al presidente del Consejo, Vicente Guilarte, con el que coincidió en renovarlo «lo antes posible».
La pasada semana, Pedro Sánchez anunció su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar este asunto, pero los populares dicen que todo acuerdo de renovación pasa por reformar la ley para que sean los jueces, y no el Parlamento, los que elijan a sus representantes en el Consejo, lo que no gusta al PSOE.
El órgano sigue tomando decisiones
Entre tanto, este órgano sigue tomando decisiones y algunas de ellas de alto voltaje. La pasada semana declaró no idóneo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ser renovado en el cargo cuando el pasado año lo examinó y consideró que sí lo era.
Y recientemente se posicionó en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores, sin que ni siquiera haya arrancado la tramitación de la proposición de ley.
Este sábado el presidente del CGPJ planteó en una columna publicada en El País la posibilidad de recortar las competencias de ese órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, una reforma que, a su juicio, facilitaría su renovación.
«La apetencia de unos y otros por la designación de ‘sus’ vocales se diluiría», afirmaba.
Sánchez llamará a Feijóo
Este mismo lunes Pedro Sánchez ha asegurado que «por supuesto» llamará al líder del PP para volverle a pedir que desbloquee la renovación del CGPJ, una actitud ante la que le ha acusado de «lawfare» por politizar la justicia.
Sánchez se ha referido a la situación del CGPJ en una entrevista en la SER el día que se cumplen cinco años desde que el CGPJ ha entrado en funciones
Ante la pregunta de si va a intentar superar ese bloqueo poniéndose en contacto con Feijóo, ha recordado que ya se lo ha pedido en numerosas ocasiones, pero ha asegurado: «Yo voy a llamarle por supuesto».
Para Sánchez, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de «rehén», al poder judicial y con unas consecuencias «terribles».
Una actuación que ha comparado con el «lawfare» o judicialización de la política que ha estado presente en las negociaciones del PSOE con Junts.
Acusación de «lawfare»
Al respecto, ha recordado que hay una acepción de «lawfare» que es la politización de la justicia, y ante ello, ha afirmado: «no hay caso más paradigmático de ‘lawfare’ y de politización de la Justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al poder judicial».
El jefe del Gobierno ha acusado al principal partido de la oposición de tener un sentimiento patrimonialista de la democracia, del poder y de las instituciones.
Al plantearle si no puede recibir la misma acusación de instrumentalizar la Justicia ante decisiones que ha adoptado como nombrar a una exministra como Dolores Delgado Fiscal General del Estado, ha señalado que esa pregunta puede ser legítima y la decisión puede ser compartida o no, pero que lo que no es discutible es el cumplimiento de un mandato constitucional.
Para él, existe una especie de «polarización asimétrica», que ha explicado diciendo que ha escuchado decir a Vox que «Sánchez es un dictador» y a Feijóo que es «un enfermo mental» , mientras que el PSOE evita los insultos.
«Me niego a pensar que estamos en el mismo nivel. Aquí PP y Vox utilizan la técnica del ruido, la bronca y el insulto y luego dicen que somos los demás los que estamos insultando e incumpliendo la Constitución», ha añadido.
«El PP no ha asumido su derrota»
Sánchez se ha preguntado que haría el PP con su bloqueo si el PSOE vuelve a ganar las elecciones en 2027 y, si ganara ese partido, si pediría a los socialistas que hagan lo que ellos no hicieron en la oposición.
A su juicio, todo es consecuencia de que el PP no ha asumido su derrota y niega la legitimidad de todo gobierno que no sea de esa formación política.
«Estamos ante un gran embudo. Para el Partido Popular y Vox vale todo y para nosotros para la izquierda, para los progresistas, no. Eso no es de recibo», ha recalcado.
PP usará todas las herramientas contra la amnistía
Por su prte, el PP asegura que usará todas sus herramientas contra la ley de amnistía y actuará también en las instituciones, el Europarlamento y la calle contra la «ignominia», «vergüenza» y «humillación» del mediador internacional para los pactos entre el PSOE y el independentismo catalán.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado en rueda de prensa que el PSOE se haya reunido en Ginebra (Suiza) con Junts, «un país extranjero, de fuera de la Unión Europea, bajo el control de un mediador internacional, para hablar del futuro de España fuera de España y monitorizados por un señor de El Salvador».
«Podría sonar a una broma del Mundo Today, pero lo estamos viendo en directo» y es de «extraordinaria gravedad» ha advertido Borja Sémper, que ha denunciado además que «la opacidad se suma a la ignominia».
Alerta el PP de que «si lo ocultan es que no lo pueden contar» y «son conversaciones que a ellos mismos les provocan vergüenza». Por ello, preguntarán al respecto en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso y también en el Europarlamento.
El PP subraya que hará contra el Gobierno y la ley de amnistía una oposición «responsable, sensata, serena y contundente» y que no se van a «callar» ni a «rendir» «ni en las instituciones ni en las manifestaciones en la calle».
Seguirán las manifestaciones
Los populares seguirán saliendo a manifestarse, tras reunir de nuevo ayer a miles de personas en Madrid -15.000, según el PP, 8.000, según la Delegación de Gobierno.
El partido de Alberto Núñez Feijóo subraya que la oposición a la amnistía es transversal a diferentes electorados, de Vox a Sumar, y se pone como misión ofrecer una alternativa a todos aquellos descontentos con esta medida.
Además, ante el Día de la Constitución, el próximo miércoles 6 de enero, el PP ha recordado dos artículos de la carta magna: el 14, que recoge la igualdad de los españoles ante la ley, y el 62, que señala que la ley «no podrá autorizar indultos generales».
Y ha pedido además que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aproveche la oportunidad para «retractarse» de su discurso de la apertura solemne de las Cortes Generales, que los populares consideraron partidista.
Vox no acudirá a los actos por el Día de la Constitución
Vox ha anunciado que no acudirá al acto de conmemoración por el 45 aniversario de la Constitución que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados porque «el PSOE y sus socios pisotean la Carta Magna», aunque Santiago Abascal sí acudirá al izado de la bandera que este año tendrá lugar en el Senado.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha señalado que su formación se volverá a ausentar de los actos del Día de la Constitución porque no quieren estar al lado de los que afrentan la Carta Magna y de los que impulsan un proyecto totalitario.
La formación que lidera Santiago Abascal ha denunciado además la hipocresía «del PSOE y aquellos grupos parlamentarios que han pisoteado la Constitución, se han burlado del Estado de derecho en España y han atacado la división de poderes y que ahora pretenden conmemorar esa misma Constitución».
En este sentido, Vox ve «sorprendente» que el Partido Popular «avale con su presencia en estos actos, a este gobierno ilegal» y avisa que seguirá en las calles movilizándose.
