Así lo creen los servicios jurídicos de la Cámara Baja. No contemplan que los plazos sean alterados durante su tramitación. Este martes la ley de amnistía ha entrado al Senado
Los servicios jurídicos del Congreso no contemplan que los plazos para la aprobación definitiva de la ley de amnistía sean alterados durante su tramitación en el Senado. Y prevén que la norma regrese a la Cámara Baja a mediados o finales de mayo.
La ley en El Senado
Tras el informe de los letrados del Senado que señala la posibilidad de que hubiera un conflicto entre órganos constitucionales y recalca «irregularidades» durante el proceso legislativo de la ley en el Congreso, fuentes cercanas a la Secretaría General de la Cámara Baja insisten en que no hay «preocupación» en cuanto al procedimiento.
Inciden en que prima la idea de que si el Senado no devuelve al Congreso la ley en un plazo de dos meses entraría en vigor automáticamente. Y recuerdan que la iniciativa también se ha revisado por los letrados del Congreso que, añaden, son tan profesionales como los del Senado.
«No hay previsión de alteración de esos tiempos». Es en lo que inciden las mismas fuentes en relación con el plazo máximo de dos meses que puede permanecer la iniciativa en la Cámara Alta, independientemente de las «estrategias» del PP para frenar su tramitación.
Más allá de lo que pueda ocurrir en el Senado, los servicios jurídicos del Congreso calculan que la ley podría regresar a la Cámara Baja la semana del 20 de mayo. O bien se podría convocar un pleno extraordinario la semana anterior, el jueves 16, ya que esa semana no está prevista sesión plenaria.
La postura de la Izquierda
Por su parte, la izquierda en bloque ha quitado importancia al informe de los letrados del Senado que consideran inconstitucional la ley de amnistía. Defienden que, en todo caso, es el Tribunal Constitucional es el que debe pronunciarse.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y jurista de formación, ha recalcado que más allá de las opiniones que puedan venir de un lado u otro, «el que opina el Constitucional, que es el que está autorizado». Ha expresado su discrepancia con la opinión de los letrados.
Por el mismo grupo, la portavoz adjunta Aina Vidal (Comunes) ha insistido también en que tiene que ser el Alto Tribunal el que se pronuncie al respecto. Aunque ha dado ya por zanjado el recorrido «de todas las tretas para intentar tirar para atrás esta ley».
Podemos no le ha dado tampoco mucho valor al informe de los letrados al recordar que ya en enero pasado fueron los letrados del Congreso los que cuestionaron la constitucionalidad de una parte de la ley. «La norma no se frenará, se decide en el Congreso y su opinión (la de los letrados) no es vinculante», ha subrayado el portavoz de los morados, Javier Sánchez.
Néstor Rego, del BNG, ha subrayado igualmente que quien debe decidir si una ley es o no constitucional es el TC. Y ha arremetido contra el aparato judicial «ultrarreaccionario», que se pone de parte «de las fuerzas más ultras», contrarias a cualquier avance social y especialmente democrático.
La Derecha también se pronuncia
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha respondido este martes a la petición de Vox de plantear un conflicto institucional por la ley de amnistía que, de acuerdo al informe de los letrados del Senado sobre la ley de amnistía, «no queda más remedio» que tramitarla en la Cámara Alta.
«Los letrados del Senado son claros sobre la obligatoriedad de tramitar la ley en el Senado. Aunque su inconstitucionalidad pueda ser cuestionada y combatida a continuación», ha recalcado Tellado.
Ha contestado así después de que Vox haya instado al PP a usar «de una vez» su mayoría absoluta en el Senado para plantear el conflicto institucional con el Congreso por la amnistía. Dado que el informe de los letrados de la Cámara Alta sobre la ley ha confirmado que es una «reforma constitucional encubierta».
Tellado ha insistido en que el informe es «tremendamente claro» y el PP «solo puede actuar contra la ley de amnistía dentro del marco legal». Y, por tanto, «no queda más remedio que tramitar esta ley», pese a considerarla un «despropósito» y un «bodrio jurídico».
El análisis de los letrados del Senado también es claro, según el portavoz del PP, en la inconstitucionalidad de la norma. Y coincide en «muchísimos posicionamientos» con los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. Y, por eso, ha advertido de que si se ha podido tramitar es «gracias a la connivencia del letrado mayor» del Congreso, Fernando Galindo. Quien ha sido «seleccionado a la carta» para ello.
