La investigación se centraba en el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado por segunda vez la investigación sobre el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021, ante “la frustración de la ejecución” de las comisiones rogatorias por parte de Israel.
En un auto, notificado este jueves, el magistrado expone que la falta de colaboración de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que le lleva a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa.
Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.
La «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta investigación que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas, que se produjeron en unas fechas en las que España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos.
Líder del Frente Polisario, Brahim Gali
El punto álgido de estas tensiones se produjo el 17 y 18 de mayo de 2021, cuando llegaron a las costas de Ceuta 6.000 inmigrantes de manera ilegal sin que las fuerzas de seguridad marroquí lo impidieran. Fue la respuesta de Marruecos al ingreso en un hospital español y bajo identidad falsa del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
En este nuevo auto de archivo, el magistrado explica que de las investigaciones de sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos, que podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos, lo que unido a la falta de respuesta de Israel a sus requerimientos, le impide avanzar en sus pesquisas.
El proceso queda «aletargado» ante una eventual
“Ello conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida, o bien nuevas fuentes de prueba permitan, en su caso, la continuación de la investigación”, explica.
El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años.
A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, emitida por primera vez en 2022, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus, así como tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía.
Ante la falta de respuesta de Israel, Calama remitió hace casi un año un nueva comisión rogatoria solicitando que se cumplimentara la enviada en 2022 o bien, que se expusiesen «las razones de su negativa» a ejecutarla. Sin embargo, según indica el juez, «las autoridades de Israel no han acusado recibo de la comisión rogatoria que nuevamente les fue remitida, ni cumplimentado la misma».
Reapertura causa
Al reabrir la causa tras recibir la información recabada en Francia, el juez encargó al Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, dos informes periciales, que concluyeron que, respecto de las infecciones de los teléfonos móviles investigados en España y las de Francia, «resulta imposible precisar relación alguna».
Ante este resultado, el juez trató de recabar «un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas para conocer contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI)».
Con ese objeto libró hace casi un año una orden europea de Investigación (OEI) al Vicepresidente primero de la División Económica y financiera Tribunal Judicial de París encargado de la investigación, que, según indica el juez, determinó que dado que el programa espía Pegasus «es particularmente sigiloso, los artefactos que permiten probar una infección o una intrusión son escasos».
