El Ministerio de Sanidad cerrará esta tarde con las comunidades las condiciones en las que se relajará el uso de las mascarillas al aire libre a partir del próximo sábado y que serán aprobadas mañana por el Consejo de Ministros

Según avanzó este lunes el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón la mascarilla se podrá quitar si se pueden mantener «una serie de condiciones». Entre ellas, están que no haya aglomeraciones ni grupos multitudinarios de personas en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad.

El «Informe sobre criterios de flexibilización en el uso de mascarillas» que presentará hoy la ministra Carolina Darias a los consejeros se basa en la propuesta realizada por los técnicos del Ministerio y de las comunidades que conforman la ponencia de alertas de salud pública, una propuesta «muy comedida» y que plantea una retirada progresiva de los cubrebocas.

Sin decir nada más porque será hoy cuando se cierre la nueva regulación, el director del CCAES explicó que, al tratarse de un cambio legislativo, los técnicos no son los únicos criterios que se tendrán en cuenta en el decreto que apruebe el Gobierno mañana. «Hay otros factores y criterios que hay que valorar a la hora de implementarlo y eso corresponde a otros grupos», apuntó Simón.

Se trata de cambiar la ley 2/2021, de 29 de marzo, sobre medidas urgentes para hacer frente a la crisis de la COVID-19, que regulaba el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o abiertos al público, así como en los transportes.

Malestar en algunas comunidades con la medida

Los expertos de la ponencia llevaban al menos tres semanas estudiando cómo flexibilizar la imposición de la mascarilla en exteriores dada la evolución favorable de la situación epidemiológica. Aunque estaba previsto que se analizara en el Interterritorial de la semana pasada, finalmente la medida fue anunciada el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Surgía así de nuevo el malestar entre un grupo de comunidades que ha censurado que se haya optado por el real decreto sin argumentos científicos detrás y sin debatirse antes en el Interterritorial.

La andaluza, la que soporta la mayor incidencia de toda España con más de 170 casos por cada 100.000 habitantes, piensa seguir recomendando su uso en exteriores aunque ya no sea obligatorio. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, pidió ayer a los ciudadanos que se la quiten paulatinamente y la usen «en la medida de las posibilidades», sobre todo si están con mucha gente.

De la misma forma, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, criticó que el jefe del Ejecutivo adelantara la noticia sin haberse reunido con las autonomías: «no es una buena forma de trabajar en eso que se denomina la cogobernanza, que debe basarse no solo en la corresponsabilidad sino también en la codecisión», lamentó.

«Ni sabemos en qué momento, ni en qué circunstancias, ni en qué espacios, ni con qué índices de pandemia, ni con qué porcentaje de PCR positivas, ni con qué incidencia a 14 y a 7 días se puede retirar la mascarilla; ni si se puede hacer en todos los municipios o en todas las áreas sanitarias, todo esto está sin armar», resumió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras que el de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, opinó que a lo mejor habría que «dejar una puerta abierta» en el decreto sobre la obligatoriedad de las mascarillas por si en algún ámbito hay que volver a usarla.

Sobre ello, Simón deslizó que las medidas tomadas durante la pandemia no son irreversibles y que, en todo caso, «si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea». «El que te la puedas quitar -explicó- no quiere decir que te la tengas que quitar: si se siente que hay demasiada gente a su alrededor, se pone tranquilamente la mascarilla y no pasa nada».

«No cuesta nada llevar una mascarilla en el bolsillo y ponérnosla cuando sospechemos algún riesgo. Ya estamos suficientemente acostumbrados como para que a nadie le llame la atención», zanjó.

Al margen de este asunto, del habitual repaso a la evolución de la epidemia y de la campaña de vacunación o las novedades del certificado covid, la reunión de hoy tiene previsto acordar el protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho dentro de la recientemente aprobada ley de eutanasia.

Y también los criterios de reparto de fondos del Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeros y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos.