La comisión parlamentaria sobre el caso Kitchen recibe este jueves a Sergio Ríos, durante un tiempo chófer de la familia Bárcenas y considerado pieza clave del supuesto espionaje, en el que habría sido captado como confidente a cambio de un sueldo a cargo de los fondos reservados y su entrada en la Policía

Será el encargado de abrir la novena sesión de esta comisión, por la que ya han pasado ex altos cargos de la Policía, algunos de ellos imputados en la Audiencia Nacional; o el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, y que recibirá en las próximas semanas, entre otros, a varios exministros del PP –María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz- o al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sergio Ríos es uno de los principales investigados en la Audiencia Nacional y se le considera una de las figuras clave de la «operación parapolicial» presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior y sin orden judicial para seguir a la familia de Bárcenas en busca de documentos comprometedores para el PP.

El nombre del exchófer protagoniza uno de los mensajes más controvertidos de la causa, de julio de 2013 y que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez atribuye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, mientras que éste lo niega.

«Chófer B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)», decía uno de los mensajes, seguido de otro que indicaba «Es importante».

Según la investigación, Ríos habría sido captado como confidente policial con el nombre de K-2 y con el objetivo de encontrar el «zulo» donde Bárcenas ocultaba la información; a cambio recibió presuntamente 2.000 euros al mes en 25 pagos entre 2013 y 2015 con cargo a los fondos reservados, más el compromiso (cumplido) de ingresar en la Policía.

A lo largo de la comisión, varios comisarios han corroborado que se pagó a Ríos con fondos reservados, y los investigadores creen que fueron los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, entonces asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, quienes se encargaron de hacerlo. Este último lo reconoció y dijo que fue por orden del número dos de la Policía, Eugenio Pino. Los tres están imputados.

Tras Ríos, comparecerá Jorge Sanchís, director del gabinete del secretario de Estado de Seguridad desde 2015, que estuvo un año bajo las órdenes de Francisco Martínez, investigado también en la causa.

La norma que se debate hoy prorroga medidas de protección social para colectivos vulnerables, como la suspensión de desahucios o moratorias en el pago de los alquileres hasta el 9 de agosto

El decreto ley que permite recurrir al Tribunal Supremo medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales ante el fin del estado de alarma -como es la limitación de movimiento-, se vota hoy en el Congreso entre duras críticas de la mayoría de los partidos políticos.

El Pleno del Congreso debate la convalidación de este polémico decreto que no ha gustado prácticamente a ninguna formación, salvo a las que conforman el gobierno de coalición, y que ha recibido los reproches tanto de la derecha como de los socios que apoyaron la investidura del presidente, Pedro Sánchez.

No obstante, todo apunta a que el decreto ley será aprobado, pese a que partidos como ERC o EH Bildu se plantean la abstención.

Críticas al decreto

Derecha e izquierda critican que dejar en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre los recursos que se interpongan ante los tribunales regionales por restricción de movimientos solo ha traído un «caos jurídico».

Todos coinciden en que tendría que haber un paraguas normativo igual para todas las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, la norma que se debate hoy también prorroga medidas de protección social para colectivos vulnerables, como la suspensión de los desahucios o moratorias en el pago de los alquileres hasta el 9 de agosto, lo que hará que el decreto salga aprobado.

De momento tiene garantizado el voto en contra de Ciudadanos, a la espera de que también se pronuncien el PP y Vox.

Afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma

Los principales socios que apoyaron la investidura de Sánchez están analizando plantarse con una abstención, que ya ha anunciado el PNV, y a la que podrían sumarse ERC y EH Bildu.

Más País y Compromís votarán a favor, lo mismo que los cuatro diputados del PDeCAT, ya que anteponen la necesidad de prolongar medidas sociales y económicas como la prohibición de los cortes de luz y gas.

Sin duda el Gobierno defenderá en la tribuna del Congreso su plan jurídico para afrontar la pandemia tras el fin del estado de alarma pese a las divergencias de criterio de los tribunales que han llevado, por ejemplo, a que se haya rechazado el toque de queda en Navarra o el cierre de un municipio en Andalucía, pero se hayan aceptado otros.

Limitar derechos fundamentales

El PSOE ha reiterado en varias ocasiones que no está dispuesto a modificar una ley ordinaria para convertirla en excepcional y limitar derechos fundamentales con carácter general, como pide el PP en su Plan B jurídico.

Los populares acusan al Gobierno de «no legislar ni permitir legislar» y desde Ciudadanos también avisan de que el Gobierno pretende endosar al Tribunal Supremo la gestión de la etapa final de la pandemia.