Este jueves se celebra el debate parlamentario para tratar de contener la subida de la factura eléctrica
El Gobierno afronta este jueves el debate parlamentario del decreto para tratar de contener la subida del precio del gas en la factura eléctrica. Lo hace con la «decepción» de que la UE no haya abierto la puerta a revisar el sistema de subastas que rige en Europa.
Después de haber dicho que estaba dispuesto a revisar las medidas incluidas en ese polémico decreto las propuestas presentadas este miércoles por la Comisión Europea han decepcionado al Ejecutivo.
En palabras de la ministra del ramo, Teresa Ribera, se trata de propuestas «manifiestamente incongruentes» y que no abordan «la excepcionalidad de la situación», que se puede prolongar «algún tiempo», y ha defendido que sería una pena que Europa «no esté a la altura de las circunstancias».
El Ejecutivo ha señalado en las últimas fechas la necesidad de revisar el sistema de fijación de precios de los mercados eléctricos. Su componente marginalista penaliza a las fuentes más baratas, normalmente las renovables, y provoca que la tecnología más cara marque el precio del resto.
Al contrario de lo que buscaba España, la Comisión cree que los Estados miembros son los que están «en mejor posición y equipados» en el corto plazo para hacer frente a la escalada de precios energéticos, y considera que las normas comunitarias permiten reaccionar con «flexibilidad» a esta situación.
Plataforma comunitaria
Además, España ha propuesto crear una plataforma comunitaria que centralice las compras de gas natural para crear una reserva estratégica que garantice el suministro. Además revisaría el mercado de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para evitar la especulación. Se limitaría la presencia en este a las empresas energéticas e industriales.
En cualquier caso, este debate se trasladará a la cumbre europea del 21 y 22 de octubre. Esos acuerdos podrían aplicarse de manera inmediata y repercutir en el recibo del mes de noviembre.
Mientras, Ribera ha concluido su ronda de reuniones al más alto nivel con las energéticas más afectadas por el polémico decreto con Naturgy e Iberdrola. En días previos lo ha hecho con Endesa, EDP y Acciona.
Iberdrola, la firma que se ha mostrado más critica con el Ejecutivo durante las últimas semanas, llegando a calificar algunas de las medidas planteadas como «intervencionismo terrorífico», no ha querido hacer comentario alguno a Efe sobre la reunión.
La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán llegó a anunciar hace unos días que se replantearía toda su política de inversiones en España. Concretamente, dijo que solo seguirían invirtiendo en España si se establecía un «marco regulatorio estable«.
Tanto Iberdrola como Endesa, según un informe de la agencia de calificación Fitch, dejarán de ganar 1.000 millones de euros cada una con el recorte de beneficios aprobado por el Gobierno, y que les situará en una clara situación de «desventaja competitiva» respecto a sus homólogas europeas.
Naturgy pide que el decreto sea solo por 6 meses
Fuentes de Naturgy han explicado que su presidente, Francisco Reynés, ha traslado a la ministra durante la reunión que han mantenido varias propuestas. Lo ha hecho con el objetivo de contribuir a un debate «constructivo» ante la situación actual del sector eléctrico.
Entre ellas, que la minoración prevista en el decreto no aplique a las tarifas a precio fijo para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre. Ello impediría el desarrollo de las renovables.
Además, ha pedido que se confirme el carácter transitorio y temporal de las medidas recogidas en el decreto. Además ha pedido asegurar que su aplicación sea solo de seis meses. «De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato a largo plazo» de suministro a plazo fijo.
En estas reuniones el Gobierno está trasladando a las eléctricas la necesidad de que se impliquen más para ofrecer soluciones a la industria.
Además, y según fuentes gubernamentales, se ha abordado el modo de evolucionar las medidas para afrontar una crisis que puede prolongarse varios meses.
Paquete de medidas
De cara al debate mañana en el Congreso sobre la convalidación del real decreto, el PNV ha defendido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno la necesidad de «retocar y reorientar» unas medidas que abocarán a las empresas a unos costes energéticos que podrían repercutir en el empleo.
El partido vasco, uno de los principales apoyos del Ejecutivo en la actual legislatura, ha asegurado a través de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, que el Gobierno debe tomar nuevas medidas «aquí y ahora» para evitar que las eléctricas repercutan sus pérdidas en los contratos fijos de clientes industriales, y ha defendido que «sin competitividad no hay crecimiento económico».
En su respuesta, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a «aclarar y precisar lo que haga falta» para evitar que el real decreto provoque consecuencias perjudiciales para los consumidores domésticos y las empresas.
Sin embargo, Sánchez ha insistido en que es de justicia social que las energéticas también «arrimen el hombro y no repercutan en el recibo de la luz».
