La Covid-19 golpea con mayor dureza a las residencias de mayores de Tenerife

Los mayores son, como ha quedado demostrado, el grupo más vulnerable en esta pandemia

María Mendoza / Estefanía de Blasio

La Covid-19 golpea con mayor dureza en las residencias de Tenerife. Un total de 69 centros entre públicos y privados, y 60 fallecidos.
Respecto a Gran Canaria, con 11 y El Hierro con 2, son las otras dos islas donde se han registrado fallecidos por Covid en los centros sociosanitarios.

En el Archipiélago un total de 73, de estos 22 asociados a un único brote, el del Hogar Santa Rita, en el Puerto de la Cruz, a finales de noviembre.

Los mayores son, como ha quedado demostrado, el grupo más vulnerable en esta pandemia. Nueve de cada diez personas de más de 60 años han fallecido en Canarias a causa de la enfermedad. De estas 539 personas de un total de 601

El dato positivo es que tras la vacunación ya no se ha registrado ningún fallecimiento por la enfermedad en las residencias canarias.

Sanidad registra 172 casos y un fallecimiento por la covid19 en las últimas 24 horas

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 52,2 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 107,74 casos por 100.000 habitantes

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata este jueves 172 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 41.375 con 4.877 activos, de los cuales 77 están ingresados en UCI y 207 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de una mujer de 79 años en Gran Canaria, vinculada a un brote familiar. Permanecía ingresada, padecía patologías previas y había experimentado un empeoramiento de su estado clínico.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 52,2 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 107,74 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma este jueves 77 casos con un total de 17.301 casos acumulados y 2.187 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.979 casos acumulados, 66 más que el día anterior y 2.305 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 4.459 acumulados y 110 activos epidemiológicamente.

Por su parte, Fuerteventura tiene 1.713 casos acumulados con 12 casos más que la jornada anterior y 217 activos. La Palma suma cinco nuevos casos y cuenta con 417 acumulados y 36 casos activos.

Respecto a El Hierro suma tres nuevo casos, por lo que sus acumulados son 294 y sus activos son 15. Por último, La Gomera suma un caso, situándose sus acumulados en los 217 y sus activos en siete.

Hasta este jueves se realizó un total de 882.387 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.436 se corresponden a las últimas 24 horas.

La burocracia y el volumen de afectados provoca retrasos en el pago de los ERTES

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Muchos de estos afectados tienen que acudir a las ONGs y a los servicios sociales para poder subsistir

Lidia Rguez. Fuentes / José Medina / Gloria Torres

Canarias vive un momento económico difícil, debido a la pandemia. El virus deja en ERTE a casi 90.000 canarios. Familias enteras que dependen de esa nómina. Pero la flexibilidad de los ERTE, la burocracia y el volumen de afectados, provoca que muchos sufran retrasos en los pagos de estas prestaciones.

Una situación que se traduce en el incremento de la pobreza en todas las islas. Muchos tienen que acudir a las ONG y a los servicios sociales para poder subsistir.

Una de esas casi 90.000 afectadas por un ERTE en Canarias es Yurena. Desde octubre tiene problemas para cobrar su prestación. Es madre soltera y no tiene más ingresos. Tiene que pedir ayuda a los servicios sociales para poder comer.

En el Gobierno de Canarias son conscientes de la realidad y han ofrecido personal de la comunidad autónoma al Estado para apoyar la labor del SEPE. Además, recomiendan adelantar los pagos. Canarias, por su dependencia del turismo, es la comunidad más afectada en los ERTE. La tasa de precariedad y pobreza, después de la pandemia, se ha elevado al 35%.

Conciliar vida profesional y personal cuando se es madre sigue siendo un problema

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Informa: May Navarro / Braulio Carmona

A pesar del aumento en el permiso de maternidad, convertirse en madre sigue siendo un tema de difícil equilibrio para la mujer.

Ante la celebración del 8 de marzo, uno de los retos que quedan pendientes para la mujer es el de la conciliación. Uno de los avances ha sido la entrada en vigor el pasado mes de enero del permiso de maternidad a cuatro meses.

Sin embargo, a pesar del aumento en el permiso de maternidad, convertirse en madre sigue siendo un tema de difícil equilibrio para la mujer. Desarrollo laboral y personal suponen, en muchas ocasiones, dos planos vitales complicados de conciliar.

El índice de nacimientos en España ha caído y se retrasa la edad en la que estrenarse en la maternidad. Inestabilidad laboral, incertidumbre sobre el futuro y, en algunos casos, falta de apoyo para conseguirlo, hacen que esta sea la realidad de nuestros días.

Ampliación del permiso

Una de las medidas para facilitar este cambio en la familia ha sido la entrada en vigor este mismo de la ampliación del permiso de maternidad a 4 meses.

La medida busca igualar la carga de responsabilidad entre ambos progenitores, a pesar de que no beneficie por igual a toda la población.

España, incluso con este aumento, sigue encontrándose a la cola de los países europeos en cuanto a permisos de maternidad.

Las mujeres continúan encontrando dificultades para conciliar el desarrollo profesional y personal cuando se es madre. Uno más de los motivos para reivindicar cada 8 de marzo.

Villarejo, tras declarar ante el juez: «Voy a desenmascarar a todos»

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Un día después de quedar en libertad, el excomisario José Villarejo ha declarado este jueves ante el juez que le investiga, a quien le ha ofrecido «hablar absolutamente de todo» y, aunque no ha querido desvelar a los medios nada relacionado con la causa, ha asegurado que va a «desenmascarar a todos».

«No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos», ha indicado ante los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha declarado sobre dos piezas del caso Tándem.

El ex comisario José Manuel Villarejo atiende a los medios a su salida este jueves de la Audiencia Nacional. EFE/Emilio Naranjo

Con boina negra, parche en un ojo y mascarilla con la bandera de España estampada, Villarejo ha llegado poco antes de las 10 horas al tribunal, después de que ayer el juez, a petición de la Fiscalía, le dejase en libertad tras casi tres años y medio en la cárcel, ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando vence el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva.

«Voy a declarar de todo», ha reiterado a la salida de su declaración Villarejo, sobre el que pesan medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país, entre otras, aunque de momento no ha ofrecido detalles sobre la investigación o sobre sus intenciones.

«Vamos a hablar de filosofía de vida, de lo que quiero hacer, cómo voy a recuperar a mi hija que la deje con 9 años y ahora tiene 13, y a mis hijos y a mi mujer, con ese quebranto, que nos han saqueado todo, como a Roma. Han destruido, han robado, han aniquilado», se ha lamentado.

Como ejemplo ha señalado que los relojes que le fueron intervenidos en su detención «los tienen gente de Asuntos Internos y además alardean: ‘Mira, un peluco de Villarejo’. Eso no es serio, parece que estamos en Roma en el saqueo».

Ha reiterado que nunca fue «un policía normal» y que «casi todos» sus «trabajos privados eran condicionados por el interés público», si bien, «como no había fondos reservados», se cobraba «a la empresa a la que se ayuda, que muchas veces era de interés estratégico para España».

Tras pedir que alguien investigue «todas las filtraciones», Villarejo se ha mostrado convencido de que «toda esta patraña al final verá la luz», y ha recordado que ya se negó a huir del país en 2016, cuando alguien que no ha especificado se lo recomendó: «Eso es lo que quisieran. Amigo mío, no».

El comisario, que ha denunciado el trato recibido en prisión, ha vuelto a culpar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán de su situación, de quien ha dicho que tuvo la «idea genial» de preparar con sus «amigos de la Fiscalía» y «los de Podemos» esta operación para «encapsular a Villarejo, que me está tocando las narices».

A él se ha referido como el «gran ‘lord’ protector de la Corona», que «no ha sido muy habilidoso a la hora de proteger a su señor»; ha lamentado que siga «mandando» en el CNI y ha opinado que todo esto ha surgido por haber denunciado que el dinero que estaba pagando el CNI por los secuestros se perdía «por el camino».

Ha afirmado que «el 90 % de las grabaciones» se las hizo el CNI, «muchísimas veces consintiendo», pero ha añadido: «Lo que no pensé es que estaban tan zumbados como para montar este show».

Al ser preguntado por qué no ayuda entonces a desencriptar los archivos que no se han podido revisar, ha respondido que, tratándose del mismo programa para grabar que le «organizan» los del CNI, no se entiende que se puedan desencriptar «la mitad sí y la mitad no»: «¿Usted se lo cree? ¿De verdad se lo cree?», ha preguntado de forma retórica.

«Yo soy más listo que la NSA y que la CIA, que todos los servicios secretos con los que se trabaja habitualmente: debo ser la virgen del pincho», ha ironizado.

El CGPJ nombra a Juan Luis Lorenzo Bragado nuevo presidente del TSJ de Canarias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy al magistrado Juan Luis Lorenzo Bragado nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo en el que sustituirá a Antonio Doreste Armas, cuyo mandato venció en septiembre de 2019.

Juan Luis Lorenzo Bragado, actualmente titular del Registro Civil exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, ha sido elegido en segunda votación con el respaldo de 13 de los 21 miembros del Pleno.

Era la segunda vez que el Pleno del CGPJ aborda el nombramiento para cubrir la presidencia del Tribunal Superior de Justicias de Canarias. En la primera ocasión, el 28 de noviembre de 2019, el Pleno devolvió la terna de magistrados a la Comisión Permanente al no conseguir ninguno de los candidatos la mayoría requerida en las cuatro votaciones realizadas.

El nuevo presidente del TSJ de Canarias ingresó en la Carrera Judicial en 1989, fecha desde la que prestó servicio en juzgados de Puebla de Sanabria, Vitoria-Gasteiz, Palencia y Santa Cruz de Tenerife hasta que, en enero de 2009, quedó adscrito como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pocos meses después, en mayo, se incorporó a su actual destino, el Registro Civil exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Desde 2015, ha sido nombrado de forma casi ininterrumpida magistrado de refuerzo en comisión de servicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es decano electo de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife desde 2001 y forma parte de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias como miembro electo desde 2014.

Profesor en el área de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna en el curso 2013-2014, es autor de artículos sobre responsabilidad civil del personal sanitario, sobre distintos aspectos relativos a la regulación y funcionamiento del registro civil o sobre el Estatuto de autonomía de Canarias.

En colaboración con el CGPJ, ha impartido cursos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, matrimonio, adopciones y tutelas, derechos humanos e inmigración, procedimiento de desahucio y ha coordinado diversos encuentros de los jueces de paz de Santa Cruz de Tenerife o de magistrados y magistradas de registro civil.

Un siglo de historia del Puerto de Gran Tarajal

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Informa: Almudena Betancor / Óscar Romero

El Puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, celebró en 2019 sus 100 años. Ahora, a sus 102 años, el Cabildo majorero ha editado un libro conmemorativo sobre el pasado y presente de este emblemático muelle que fue el primero de la Isla declarado de interés general y referente del comercio durante décadas.

Uno de cada cuatro adolescentes sufre o ha sufrido ciberacoso

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Informa: Helena Díez / José Medina

Uno de cada cuatro adolescentes sufre o ha sufrido ciberacoso. Un problema que se ha incrementado en niños y mayores tras el aumento del uso de los medios digitales en la pandemia.

El Gobierno prohíbe todas las manifestaciones por el 8M en Madrid

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La integrante de la Comisión organizadora del 8M Arancha López Sánchez. Imagen EFE 

La decisión se ha tomado «por motivos de salud pública» tras estudiar los recorridos, previsión de asistencia, duración o lugares de celebración que se habían comunicado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad.

La decisión se toma «por motivos de salud pública» tras estudiar los recorridos, previsión de asistencia, duración o lugares de celebración que se habían comunicado.

Tras analizar detalladamente cada una de las peticiones presentadas (recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración, entre otros parámetros) «y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid, se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud púbica, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas».

Madrid, con alto índice de contagios

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha optado por prohibir todas las convocatorias «en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios, así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional».

La decisión llega después de que ayer mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volviera a hacer un llamamiento a la responsabilidad asegurando que «no ha lugar» a las manifestaciones este año.

La Consejería de Sanidad madrileña también desaconsejó todas las convocatorias sobre las que se le había pedido un informe técnico.

La Delegación del Gobierno en Madrid recibió alrededor de 60 peticiones de organizaciones feministas para celebrar concentraciones o manifestaciones en torno al Día de la Mujer, y las principales estaban previstas en lugares como Embajadores, Atocha, Cibeles, la Puerta del Sol o Callao.

Comisión 8M

La propia Comisión 8M había convocado cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid para el lunes próximo, entre las seis y las nueve de la tarde, con un «exhaustivo protocolo» para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad anti-covid-19.

Hace una semana Franco afirmó que no se habían prohibido algunas de las manifestaciones convocadas alegando que cumplían los «parámetros exigibles» en situación de pandemia – aseguraba que la Consejería de Sanidad desaconsejaba concentraciones de más de 500 personas y que se habían comunicado convocatorias con menos gente-.

No obstante, la Consejería de Sanidad respondió que al margen del criterio del número de asistentes a la hora de emitir informes técnicos se tienen en cuenta otros parámetros, como los lugares de celebración, el tiempo que van a durar o la posibilidad de que se junten con otros actos con muchas personas.

La Consejería de Sanidad había evaluado en ese momento cuatro convocatorias remitidas por la Delegación del Gobierno, y en todos los casos había emitido un informe desfavorable a su celebración.

Sanidad se quejó de que tras las palabras de Franco, en solo 24 horas recibieron 69 peticiones de informes técnicos para manifestaciones entre los días 7 y 9 de marzo, todas de no más de 500 participantes.

Finalmente la Delegación ha seguido el criterio tanto del Ministerio como de la Consejería e independientemente del número de asistentes ha optado por prohibir todas las convocatorias.

 

Alberto Rodríguez niega haber golpeado a un policía en una manifestación

El secretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez ha negado este jueves en el Tribunal Supremo haber dado una patada a un policía en una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife), un episodio que «no ocurrió» y que «es un intento más de criminalizar la protesta

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez a su llegada al Tribunal Supremo. EFE/Emilio Naranjo

Rodríguez ha comparecido ante el magistrado Antonio del Moral, que investiga si incurrió en un delito de atentado contra la autoridad y una falta o delito leve de lesiones en unos incidentes ocurridos el 25 de enero de 2014 en una protesta contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la citada localidad.

Al término de su declaración, que ha durado unos treinta minutos, Rodríguez ha dicho a los medios que «evidentemente no ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió», por lo que estos hechos son un «episodio más de un intento de criminalizar la protesta social y de amedrentar a la gente que lucha en la calle por sus derechos».

Por tanto, el diputado de Unidas Podemos ha negado haber dado una patada a un agente pues «son hechos que nunca ocurrieron» sino que solo se limitó a «participar en una manifestación legalmente convocada que después tuvo una respuesta del Gobierno de ese momento que ya todos conocen».

Además, ha dicho que «es casualidad que esto haya salido ahora», cuando han pasado ya siete años de aquellos hechos, si bien «a lo mejor tiene algo que ver que ahora sea diputado de Unidas Podemos».

«No tengo nada de lo que arrepentirme ni avergonzarme y seguiré participando en movilizaciones toda mi vida por mucha criminalización de la protesta», ha añadido Rodríguez.

Tanto la Fiscalía como el magistrado creen que hay indicios de que durante aquella convocatoria Rodríguez propinó una patada a un policía, unos hechos por los que un juzgado de La Laguna llegó a abrir juicio oral y la Fiscalía pidió para él una pena de un año de prisión y multa.

Sin embargo, al ser elegido diputado, el auto del juzgado quedó sin efecto dado que su aforamiento convirtió al Supremo en órgano competente para investigarle.

Tras abrir causa, el magistrado del alto tribunal le ofreció declarar de forma voluntaria, pero Rodríguez lo rechazó, de forma que el juez solicitó el suplicatorio al Congreso de los Diputados, que dio el pasado 17 de diciembre vía libre para su interrogatorio