La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para el ex ministro, tras acogerse, por primera vez, a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente

El fiscal no ha pedido prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que este miércoles se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Fuentes jurídicas informan de que el exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros.

Ábalos ha guardado silencio porque considera que está indefenso una vez que el juez le ha obligado a comparecer con su abogado, pese a haber renunciado hace dos días a sus servicios por «diferencias irreconducibles» entre ambos, explican las fuentes, que añaden que el juez le ha respondido que esto no es el Congreso cuando ha alegado dicha indefensión.

Para justificar su posición, Ábalos ha dicho que ha venido sin defensa y ha querido dejar claro que su renuncia a su abogado no es un fraude de ley, como así lo aseguró el magistrado. También ha añadido que no ha podido preparar la declaración con su abogado, pese a que él mismo había señalado en el escrito de renuncia que estaba preparándose la comparecencia «por sí solo».

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Se han reforzado los indicios

Y en la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, la acusación popular, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido el ingreso en prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, al alegar que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas, además de que no ha aparecido el dinero que supuestamente habría cobrado en comisiones en la trama.

Por el contrario, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha apoyado esta petición, es decir, que se repite el escenario del pasado 23 de junio cuando las acusaciones pidieron prisión provisional y el Ministerio Público se desmarcó de ello.

Según las fuentes, la Fiscalía ha destacado que se han reforzado los indicios contra él tras el último informe de la UCO, pero ha precisado que no han variado las circunstancias que determinan prisión y que aunque si aprecia riesgo de fuga, entiende que no es suficiente porque es diputado y, además, tiene arraigo aquí.

Por todo ello, el fiscal ha instado a que se mantengan las medias cautelares que ya pesan sobre él, estas son, prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Ahora, el juez tiene que dictar un auto en el que decida si mantiene las medidas cautelares o las endurece a partir de la petición de la acusación popular, que engloba nueve entidades, de las cuales solo Adade no se ha sumado a la petición de prisión.

Ábalos guarda silencio ante el informe de la UCO

La citación del exministro ha estado marcada por las averiguaciones plasmadas por la UCO en su último informe, donde el juez vio afianzados los indicios sobre la obtención de «ingresos irregulares y opacos» por su parte y por la de su exasesor Koldo García.

Los agentes detectaron «desembolsos» del exministro que ascienden a 95.437 euros, que Ábalos «no habría compensado por vía bancaria». En ese montante, figuran «al menos» 20.799 euros en gastos «personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».

También puso el foco la UCO en pagos en efectivo del PSOE «sin que conste respaldo documental ni información alguna», y alertó de un posible lenguaje en clave: Koldo García y su exmujer hablaban de chistorras (billetes de 500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100 euros), y de la «existencia de una contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos», y el exministro aludía a «folios».