El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria.
La futura ley orgánica contra la violencia vicaria reconocerá como víctimas de este maltrato machista a hijos e hijas menores, otros descendientes, ascendientes, hermanos y parejas de la mujer víctima violencia de género a la que se pretende dañar.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, con el que se pretende combatir una realidad «insuficientemente reconocida y combatida en el ordenamiento jurídico español», desde la prevención al enjuiciamiento.
En su exposición de motivos, al que ha tenido acceso EFE, el texto precisa que los asesinatos son la expresión más extrema de la violencia vicaria, pero que su dimensión no letal es mucho más amplia y frecuente pese a ser poco visible.
«La violencia vicaria no es un fenómeno aislado ni marginal, sino un mecanismo de control y dominación profundamente arraigado en las dinámicas de violencia de género, que busca perpetuar el sufrimiento de las mujeres más allá de la relación diecta con el agresor», explica el anteproyecto.
Las claves de la futura ley
–Definición de la violencia vicaria. Se incluye en la ley integral contra la violencia de género como aquella violencia que «con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza sobre sus hijos e hijas o descendientes, así como sobre personas menores de edad sujetas a su tutela, guardia y custodia, o sobre los ascendientes, hermanos y hermanas de ésta, o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia».
Las víctimas de la violencia vicaria, se explica, son tanto las mujeres como estas personas con las que mantiene un vínculo afectivo y que reciben el daño directo del maltratador de forma instrumental para dañarla también a ella.
-Se incluye la violencia vicaria en el Código Penal como un delito contra la integridad moral. Con tal fin se incorpora el artículo 173 bis, con penas de cárcel que van de los seis meses a los tres años y la prohibición de tenencia de armas de 3 a 5 años.
Además de estas penas de cárcel por el daño a la integridad moral, se castigarán separadamente los delitos cometidos contra los seres queridos de la mujer, ya sea homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, contra la libertad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, contra los derechos y deberes familiares o cualquier otro delito con violencia o intimidación.
-Se incorpora una pena accesoria para prohibir «publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido para evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima o la generación de un daño psicológico a la misma». Se ofrece a los jueces una herramienta legal para evitar que se repita un caso como la reproducción del testimonio del asesino José Bretón en el libro ‘El odio’.
-Creación de una estadística de asesinatos vicarios, que elaborará la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
-Se modifica la ley contra la violencia de género para prestar asistencia integral a todas las víctimas de la violencia vicaria, impulsar protocolos de detección temprana y medidas orientadas a evitar el uso instrumental de los menores bajo custodia, en vistas o procesos judiciales.
-Se modifica el Código Civil para que tanto los menores de edad como los mayores con discapacidad necesitados de especial protección sean obligatoriamente escuchados por un tribunal antes de acordar un régimen de custodia o de visitas.
–Formación continua de la judicatura en perspectiva de género, de infancia e interseccional y en violencia vicaria. Obligatoria en el caso de quienes trabajen en órganos de violencia de género, de infancia, familia o relacionados. Esta formación la ofrecerá el Consejo General del Poder Judicial.
También recibirán formación la carrera fiscal, el cuerpo de letrados de la administración de justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el cuerpo de médicos forense.
-Los poderes públicos tendrán que impulsar campañas de formación y sensibilización específicas sobre este tipo de violencia de género.
