La propuesta recibió el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC y BNG
El proyecto de ley de Memoria Democrática ha sido aprobado este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados con el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC y BNG.
En concreto, el proyecto de ley ha salido adelante con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones.
Los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, al igual que los de EH Bildu, han aplaudido de pie la aprobación de la ley dirigiéndose a los miembros de asociaciones de memoria presentes en la tribuna de invitados.
El pacto alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos logró salvar la aprobación de la ley en el Congreso, al contar con los apoyos parlamentarios suficientes, pero la norma nace sin un consenso social y político amplio.
El proyecto de ley de Memoria Democrática, una propuesta insuficiente
La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas.
La más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».
El proyecto de ley de Memoria Democrática amplía en un año lo que ya habían pactado el PSOE y Unidas Podemos, incluyendo así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.
Recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista
Con la ley de Memoria Democrática, el Gobierno busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de «verdad, justicia y reparación», así como fomentar el conocimiento de aquellas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
Además, el Gobierno pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que será derogada con la entrada en vigor de la nueva norma, previsiblemente en septiembre, tras su votación definitiva en el Senado y su publicación en el BOE.
El Estado liderará la búsqueda
Por ejemplo, la nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
La ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condena, y amplía la definición de víctimas, al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, así como las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Además, se creará un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977, la norma establece que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiable».
Inventario de lugares de memoria democrática
Por otro lado, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática entre los que estará el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros y tendrá un nuevo marco jurídico, ya que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional.
Entre las medidas más simbólicas, figura la supresión de un total de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.
Con el objetivo de hacer pedagogía entre las nuevas generaciones, la nueva ley de memoria establece la actualización de los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».
Y garantiza además el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Prórroga de las medidas anticrisis, con la abstención del PP
El pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con la abstención del PP, el segundo decreto ley de medidas anticrisis, que prorroga las ya adoptadas en marzo e incluye otras nuevas como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio.
El decreto ha salido adelante con 186 votos a favor, entre ellos los de PSOE, Podemos, PNV, PdeCat y Bildu, 51 en contra y con 108 abstenciones, principalmente las del PP.
Asimismo, se ha aprobado por amplia mayoría su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Durante la defensa del decreto, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a los grupos una convalidación «pacífica» porque es «de sentido común» ayudar a familias para las que «cada vez es más difícil llegar a fin de mes» y a empresas, a «continuar con su negocio», y las Cortes «no pueden mirar para otro lado».
«El Gobierno suma y sigue», ha dicho el ministro tras enumerar las principales medidas del decreto y mencionar las más importantes de las anunciadas por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el debate sobre el estado de la nación.
Asimismo, ha asegurado que «los próximos meses van a ser complejos» y por ello «es tiempo de buscar consensos y estar de acuerdo en lo esencial que es ayudar a nuestros conciudadanos, sumar al esfuerzo colectivo».
Ayudas de 200 euros a vulnerables y rebaja en el abono transporte
El decreto recoge una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra.
Asimismo prorroga hasta final de año las medidas vigentes desde el 1 de abril que incluían la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania.
Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50 % de los abonos de transporte de titularidad estatal (como los de Renfe) y del 30 % para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán elevar esa ayuda hasta el 50 % con recursos propios.
A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5 % y la subida del 15 % de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año.
138 propuestas de resolución
El pleno del Congreso debatía este jueves las 138 propuestas de resolución, que los grupos parlamentarios han presentado a partir del Debate del Estado de la Nación celebrado en los dos últimos días. En estas propuestas se recogen cuáles son sus principales demandas surgidas de esta cita.
Cada grupo parlamentario dispondrá de quince minutos para exponer a la cámara el contenido de sus iniciativas. Serán tramitadas a modo de mociones, y que pueden ser objeto de enmiendas transaccionales. Para ello dispusieron de un plazo que venció anoche, después de que las respectivas formaciones hubieran registrado sus iniciativas.
La votación de las propuestas de resolución, al finalizar el pleno
A primera hora de la mañana de hoy, antes de la sesión plenaria, la Mesa calificó esas modificaciones. Si recibían el visto bueno podrían ser incorporadas a las votaciones, eso sí, siempre que el grupo autor de la propuesta aceptara que se incluya la modificación.
La votación, no obstante, no se produjo hasta que finalizó el pleno. A la discusión de las propuestas sucedió el debate de varias iniciativas legislativas importantes, como la Ley de Memoria Democrática o la reforma para facultar al CGPJ a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional.
En las propuestas destacan de ámbito institucional, económico y social
En sus iniciativas registradas, los grupos abordan todo tipo de cuestiones, entre las que destacan las de ámbito institucional, económico y social. No tienen carácter vinculante ya que se trata de demandas que el Congreso hace al Ejecutivo.
El PSOE, grupo mayoritario, pone negro sobre blanco todos los anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en el debate de política general, como el impuesto a la banca y las eléctricas.
El grupo popular, en 81 páginas de propuestas, defiende sus recetas para tratar de atajar la inflación, como la deflactación del IRPF a rentas medias y bajas, y reclama unos presupuestos para el próximo año «realistas» y «eficaces» ante la crisis, sin olvidar medidas referidas al sistema energético para contener los precios.
Vox reclama devolver al Estado las competencias en materias como la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad, así como la supresión de las policías autonómicas y la derogación de la Ley de Violencia de Género.
El PNV pide cambios constitucionales para reconocer la «plurinacionalidad» del Estado, algo en lo que coincide con ERC, Bildu y el BNG, que en varias propuestas conjuntas insisten en reclamar este mismo reconocimiento, instando además al Gobierno a asumir la naturaleza política de los «conflictos nacionales» en el seno del Estado y a respetar la «voluntad ciudadana libremente expresada».
Estas tres formaciones independentistas también solicitan derogar el delito de injurias a la Corona y amnistiar a los perseguidos o condenados por este delito.
Por su parte, Ciudadanos pide cambiar la Constitución para que no distinga entre «nacionalidades y regiones», un pacto nacional para regular la gestación subrogada, la legalización del consumo del cannabis o un marco regulador para la prostitución.
