El TPI ordenó la detención de Putin por presuntos crímenes por la deportación y traslado ilegal de menores en la guerra de Ucrania
El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha destacado este domingo que la orden de detención emitida el viernes por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el secuestro de niños ucranianos es solo «el principio del proceso».
«La UE considera la decisión del TPI como el principio del proceso de rendición de cuenta para que los dirigentes rusos sean juzgados por los crímenes y atrocidades que están ordenando, habilitando y perpetrando en Ucrania», ha apuntado la oficina de Borrell en un comunicado.
Bruselas recuerda que esta orden se debe a los «presuntos crímenes por la deportación y traslado ilegal de menores en el contexto de la situación en Ucrania».
«La Unión Europea acoge con satisfacción y anima todos los esfuerzos para garantizar la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra y otros graves crímenes en relación con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania», ha destacado Borrell.
Por último, Bruselas ha expresado su apoyo a la investigación de la Fiscalía del TPI y pide «plena cooperación» a todos los Estados firmantes del Tratado de Roma por el que se creó el tribunal con sede en La Haya.
Críticas desde Rusia
El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha considerado que la decisión del TPI tendrá «monstruosas consecuencias».
Medvedev ha enmarcado esta orden dentro del «colapso» del sistema de justicia internacional, ejemplificado en un TPI cuya eficiencia es «cero». En este sentido, ha sugerido que en el caso de Putin no se da ninguno de las hipótesis que permitiría juzgarle en La Haya: ni Rusia está internamente en una posición de debilidad que le impida mantener su actual sistema ni ha perdido ninguna guerra.
Pasos de este tipo, ha añadido, provocarán que nadie busque auxilio en el Derecho Internacional y que, en cambio, los países negocien entre ellos. «Se acerca el sombrío declive de todo el sistema de relaciones internacionales. Se ha perdido la confianza», ha sentenciado Medvedev, que sitúa al TPI dentro de una órbita de intereses en la que también incluye a Estados Unidos.
Además de a Putin, la corte de La Haya ha señalado también como prófuga a la principal responsable de los derechos de la infancia en Rusia, Maria Lvova-Belova, en ambos casos como sospechosos de la deportación forzada de niños ucranianos en zonas ocupadas del este del país.
