Esta cuantía de 9,45 millones de euros a La Palma ha sido respaldada con 30 votos a favor y ninguno en contra, si bien todavía falta que se someta a votación en pleno
La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una ayuda del Fondo de Solidaridad para mitigar los daños naturales en varios Estados miembros. En España, una cuantía irá dirigida así para La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja, 9,45 millones de euros en concreto.
Así, del total de 718,5 millones de euros del Fondo de Sostenibilidad, los eurodiputados respaldaron destinar la cuantía mencionada a España para hacer frente a las consecuencias de la erupción en La Palma. Si bien esta ayuda debe someterse todavía a votación en el pleno, previsiblemente durante la sesión del 12 al 15 de diciembre en Estrasburgo, Francia, salió adelante con 30 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
España, que ya recibió en mayo un anticipo de 5,39 millones de euros, estimó unos daños totales superiores al billon de euros por la erupción, una cifra equivalente al 2,19% del PIB de Canarias.
En este sentido, según marcan las autoridades nacionales, quedaron destruidos 1.452 edificios (de los que 1.177 eran residenciales), además de afectar a un gran número de plantaciones y explotaciones ganaderas.
Antecedentes
La Palma sufrió las erupciones del volcán en Cumbre Vieja entre el 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 2021, un periodo durante el cual devastó una superficie de unas 1.200 hectáreas y causó daños especialmente en infraestructuras de redes, en hogares y edificios y en el sector agrícola.
El apoyo a las autoridades españolas para hacer frente a los costes de la respuesta urgente tras el desastre es parte de un paquete de ayudas más amplio del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que suman un total de 718 millones de euros para siete Estados miembro con necesidades de financiación para cubrir la primera atención y reparación de infraestructuras tras catástrofes como inundaciones o incendios.
Dicho fondo se estableció tras las inundaciones en Europa Central en el verano de 2002 con el objetivo de asistir a los países en tareas de emergencia y recuperación tras desastres naturales. Además, en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en abril de 2020 se amplió su ámbito de aplicación para dar cobertura a las emergencias graves de salud pública.
Desde su creación, se ha utilizado para ayudar a 28 países europeos con más de 7.000 millones de euros. España ha recibido ayudas por el accidente del Prestige, incendios forestales y el terremoto de Lorca en 2011, entre otros desastres.