El juez, tras interrogar ambos por su presunta participación en la filtración de datos personales de ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, excargos del PP e investigados en el caso Koldo, les ha puesto medidas cautelares
Detenidos dos hombres en Las Palmas por las filtraciones de datos sobre ministros
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad a los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos el martes en Arinaga (Gran Canaria) por su presunta participación en el ‘hackeo’ de datos personales de ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, excargos del PP e investigados en el caso Koldo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al no haber pedido la Fiscalía su ingreso en prisión y tras tomarles declaración esta mañana, que ha sido declarada secreta, informaron fuentes jurídicas.
En cambio, les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse entre ellos por cualquier medio, comparecencias quincenales ante el juzgado, la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte.
Delito de terrorismo
Según informan fuentes jurídicas, el juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo porque «la finalidad es desestabilizar las instituciones políticas y obligar a los cargos políticos a renunciar a su actividad política o al menos dificultarla».
Además, entiende que concurre que la desestabilización sea grave, pues «muchas de las personas afectadas, especialmente ministros y otras autoridades, junto con los periodistas tildados de colaboradores han experimentado una intensa campaña de acoso con amenazas, continuas llamadas telefónicas a cualquier hora e insultos.
«La difusión de matrículas y domicilios ha puesto en riesgo la seguridad de las víctimas, que además del acoso quedan expuestas a ataques contra sus personas», añade el juez, que advierte de que «otros actores podrían estar replicando o en vías de adquirir capacidades similares, lo que eleva exponencialmente el riesgo sistémico».
Interrogatorio
En su declaración, ambos han reconocido algunos aspectos de la investigación y han asegurado que los datos publicados (domicilio, número de DNI o correo electrónico de las personalidades afectadas) procedían de fuentes públicas.
Por contra han negado haber participado en ataques informáticos a las páginas de la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos ‘hackeados’.
Los presuntos hackers fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Desde que se produjo la primera filtración de datos la investigación está bajo secreto. Podrían ser constitutivos de un delito contra la Seguridad del Estado, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
El principal arrestado sería responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno, según informó la Policía.
Aseguran que «valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles». El segundo arrestado se encargaba, presuntamente, de monetizar la venta.
Cobro con criptomonedas
Las actividades delictivas de los detenidos incluían el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato. Esto dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.
La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación el pasado 19 de junio tras conocer una primera publicación de datos. Dos semanas después ha logrado detener a los presuntos responsables. Sus domicilios se registraron, además de intervenir numerosos efectos y soportes técnicos para su análisis.
Esa primera filtración en un canal de Telegram con 92.000 seguidores afectó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En el mismo listado se publicaron datos de exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina y Ana Pastor.
En una segunda filtración la semana pasada se publicaron de nuevo datos personales de ministros; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de implicados en el caso Koldo, y también de periodistas.
Lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones
Entre estos nuevos afectados figuraban el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. Los cuatro son investigados en el Tribunal Supremo por el caso Koldo.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos. Además, alardeaban de su capacidad para venderlos. También lanzaban mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones , «con el consiguiente peligro para la seguridad nacional», según la Policía.
