Desarticulada una red de estafas telefónicas con víctimas en Canarias

La operación se salda con seis detenidos y ocho investigados por obtener fraudulentamente 438 dispositivos electrónicos valorados en más de 203.000 euros

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Ringsa, una organización delictiva dedicada a obtener dispositivos electrónicos mediante la usurpación de identidades y la contratación fraudulenta de servicios de telecomunicaciones sin el conocimiento ni el consentimiento de sus legítimos titulares.

Desarticulada una red de estafas telefónicas con víctimas en Canarias
Registro efectuado durante el operativo policial. Guardia Civil

La investigación se ha saldado con seis personas detenidas y otras ocho investigadas, a quienes los agentes atribuyen presuntos delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación. Los investigadores han documentado la obtención fraudulenta de 438 dispositivos electrónicos valorados en 203.133 euros.

La mayoría de los aparatos eran teléfonos móviles, aunque la organización también consiguió ordenadores, televisores, tabletas, planchas para el pelo y otros productos electrónicos.

Un fraude que afectó a 394 identidades

La investigación comenzó en Santa Marta de Tormes (Salamanca), después de que varias personas denunciaran que recibían comunicaciones de una compañía telefónica para reclamarles facturas o informarles de la contratación de dispositivos y servicios que nunca habían solicitado.

El análisis de la información permitió a los agentes descubrir una estructura organizada en la que cada integrante desempeñaba funciones diferentes. El método consistía en utilizar los datos personales de terceras personas para formalizar contratos telefónicos y adquirir dispositivos asociados a esas operaciones.

Los investigadores detectaron un total de 394 identidades usurpadas, utilizadas presuntamente para formalizar 335 instalaciones fraudulentas contratadas por teléfono y obtener 165 líneas de telefonía de prepago.

La actividad generó víctimas en prácticamente todo el territorio nacional, aunque los investigadores detectaron una mayor incidencia en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca.

Instalaciones de fibra que nunca llegaron a realizarse

Una vez formalizados los contratos, la organización generaba órdenes de instalación de fibra óptica que figuraban como ejecutadas, aunque los trabajos nunca llegaban a realizarse.

Según la investigación, uno de los implicados, que trabajaba como instalador, habría cumplimentado los boletines de instalación sin efectuar los trabajos correspondientes, siguiendo las instrucciones de otros miembros de la red.

Las pesquisas permitieron identificar a varias personas que presuntamente dirigían o coordinaban estas actuaciones, así como localizar dos domicilios en Salamanca relacionados con la actividad delictiva.

Durante las actuaciones, los agentes encontraron numerosas tarjetas SIM de prepago, dispositivos electrónicos precintados y documentación con anotaciones de datos personales, documentos de identidad, direcciones y cuentas bancarias.

Dos locutorios facilitaban las tarjetas SIM

Paralelamente, la Guardia Civil investigó varios establecimientos de venta de tarjetas telefónicas. Los agentes comprobaron que una parte importante de las tarjetas SIM utilizadas en las contrataciones fraudulentas procedía de dos locutorios de Salamanca.

Según la investigación, sus responsables facilitaban tarjetas SIM sin realizar las comprobaciones de identidad que exige la legislación, una práctica que habría permitido a los integrantes de la organización disponer de las líneas telefónicas necesarias para desarrollar sus actividades.

Repartidores y receptores de los dispositivos, bajo investigación

Los investigadores también siguieron el rastro de los dispositivos electrónicos y analizaron los datos de reparto de distintas empresas de mensajería para identificar a las personas que recibían y distribuían los productos obtenidos fraudulentamente.

Entre las irregularidades detectadas figuraban envíos a domicilios donde los destinatarios reales no residían y documentos de entrega con firmas que se repetían de forma reiterada.

Estas anomalías permitieron identificar a varios repartidores y posibles receptores de los dispositivos, cuya participación en los hechos continúa bajo investigación.

La operación Ringsa concluye, por el momento, con seis detenidos y ocho personas investigadas por su presunta implicación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación.

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