Las organizaciones de Navalni están en el punto de mira de las autoridades a raíz de las últimas movilizaciones masivas contra el Gobierno
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado este viernes la ley que prohíbe presentarse a futuras elecciones a los miembros de organizaciones catalogadas como extremistas, un requisito que se cumpliría previsiblemente en el caso de personas del entorno del dirigente opositor Alexei Navalni.
La medida entra en vigor a partir de su publicación, según consta en el portal legislativo oficial, que de esta forma da por concluidos unos trámites que tuvieron como penúltimo paso el Consejo de la Federación –la Cámara Alta del Parlamento–, que ya dio el martes su visto bueno por amplia mayoría.
Las organizaciones de Navalni están en el punto de mira de las autoridades a raíz de las últimas movilizaciones masivas contra el Gobierno, por lo que en principio serán las principales afectadas por un reforma que parece hecha a la medida para hacer frente a hipotéticos desafíos electorales.
La ley que impide a los líderes y fundadores de las organizaciones extremistas presentarse a cargos electos durante un periodo de cinco años. Para el resto de personas vinculadas a estos grupos, el veto regirá durante tres años, informa la agencia TASS.
El texto estipula también los criterios por lo que se considerará que alguien está vinculado a estas organizaciones, abriendo el abanico a quienes hayan podido favorecer sus objetivos o respaldarlas públicamente, tanto de forma oral como a través de publicaciones en Internet. En este tipo de casos, la decisión recaerá en la Justicia.
Presión sobre Navalni
La presión del Gobierno sobre Navalni y su entorno ha aumentado desde que el dirigente opositor regresase en enero a Moscú, después de pasar varios meses convaleciente en Berlín, donde se recuperó de un envenenamiento sufrido en agosto de 2020 en territorio ruso.
Tras su regreso, Navalni fue detenido y un tribunal determinó que debía entrar en prisión para cumplir una condena por fraude dictada en 2014, alegando que precisamente estar fuera del país impidió que pudiese cumplir las condiciones de la libertad condicional contemplada para eludir la cárcel.
