El Pleno se reúne de manera extraordinaria este miércoles para debatir y votar la convalidación o derogación de varios decretos leyes que tienen que ser ratificados por la Cámara Baja antes de que pase un mes
En plena quinta ola de la pandemia, con una incidencia que soprepasa los 500 casos por cada 100.000 habitantes y con peticiones de toque de queda generalizados, el Gobierno afronta en el Congreso la convalidación del decreto que eliminó la obligatoriedad de llevar mascarilla en los exteriores cuando hay distancia de seguridad.
El Pleno se reúne de manera extraordinaria este miércoles para debatir y votar la convalidación o derogación de varios decretos leyes que tienen que ser ratificados por la Cámara Baja antes de que pase un mes, pese a que ya han entrado en vigor.
Flexibilización del uso de la mascarilla
Es el caso de la flexibilización del uso de las mascarillas en el exterior, que entró en vigor el 26 de junio pero que todavía debe someterse a la aprobación parlamentaria, y que fuentes parlamentarias apuntan que saldrá adelante aunque el debate se prevé bronco.
Y es que esta discusión llega en medio de la sentencia del Tribunal Constitucional que considera ilegal el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020 y cuando el coronavirus arrasa entre los jóvenes y ha disparado casi todos los indicadores.
Temporalidad del sector público
Sin embargo, el decreto que podría estar en vilo es el que afecta a los interinos, el que pretende reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8 % y que previsiblemente rechazará la oposición y no gusta a algunos socios de Gobierno.
Desde Ciudadanos se apunta a que el decreto ley podría decaer si partidos como ERC o EH Bildu se alinean con el voto en contra de la derecha y avisan de que no serviría de mucho tramitarlo como un proyecto de Ley para recibir enmiendas dado que ya está en vigor y cuando finalizara este procedimiento «seguro que ya no habría interinos pendientes de regularizar».
Aunque los sindicatos han aplaudido este plan que supone convocar, antes del 31 de diciembre de 2024, las 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal interino que hayan cumplido tres años a fecha de 31 de diciembre de 2020 en esta situación de temporalidad; organizaciones de este sector público se quejan de que colectivos con años de experiencia y con edades superiores a los 50 años deban afrontar ahora una oposición.
Críticas
En este sentido, Ciudadanos critica este último decreto aprobado por el exministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta y aboga por hacer un mapa de los contratos interinos en fraude para luego regularizarlos bajo varios criterios como el de la «discriminación positiva».
De momento mientras ERC y Bildu analizan el sentido de su voto, el PDeCAT y Más País se posicionan más cerca del no que de la abstención.
Fuentes del PNV también han señalado a EFE que están analizando si el decreto respeta las competencias autonómicas, aunque son «conscientes de que es un problema generalizado al que hay que buscar una solución», como refleja su iniciativa aprobada hace unos meses en el Congreso y que pide medidas legales «eficaces y eficientes».
Rebaja del IVA de la luz
No obstante, el Congreso también afrontará otra votación que será muy discutida: la de la rebaja del IVA de la luz, del 21 % al 10 % de forma temporal para los pequeños consumidores y que ha recibido duras críticas del PP y de los partidos socios del Gobierno que califican de insuficiente.
Por último, los partidos políticos deberán convalidar o derogar el decreto ley que contempla la garantía que da cobertura al acuerdo entre el Estado y la baronesa Carmen Thyssen-Bornemiza para un nuevo contrato de alquiler de sus 425 obras durante quince años.
Todos estos debates llegan tras la remodelación del Ejecutivo y el cambio de 9 ministros, lo que ha llevado al PP a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones al respecto.
Diputación permanente
Precisamente tras este Pleno extraordinario se reunirá la Diputación Permanente que debatirá y votará esta petición de comparecencia y las de una decena de ministros, así como las comparecencias de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, para explicar la subida de la factura de la luz y la del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, como responsable del Departamento de Seguridad Nacional.
Las peticiones de comparecencia de los nuevos titulares, solicitadas por el PP, serán apoyadas por Vox y Ciudadanos, pero es previsible que los propios titulares de las nuevas carteras soliciten sus propias comparecencias y sean aprobadas por ser a petición propia.
Eso sí, aunque el PP exigirá que las comparecencias se produzcan en las próximas semanas, fuentes parlamentarias de otras formaciones inciden en que se trasladarán a las semanas previas al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso.
Entre las comparecencias, los populares piden la del nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que aclare la posición de España frente a la crisis de Cuba.
También pedirán la comparecencia del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, como responsable del Departamento de Seguridad Nacional para que informe sobre «el ataque a las libertades que supone la reforma de la Ley de Seguridad Nacional».
