Es la primera vez que ocurre. Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas también imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres. Según las investigaciones, dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado
El cardenal Angelo Becciu, antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado vaticana, se sentará en el banquillo de los acusados este martes 27 de julio y constituirá la primera vez que la justicia vaticana encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.
Becciu, cesado el pasado mes de septiembre de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, continúa viviendo en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dentro del Vaticano.
Los jueces del Vaticano lo procesarán junto a otras nueve personas. También están imputadas por distintos delitos relacionados con la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres que -según las investigaciones- dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en las arcas del pequeño Estado.
La Santa Sede libera de culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado
Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi. A Torzi el Vaticano le acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres. Una venta de la que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; o monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones.
Asimismo, será procesado Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas. Está acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados.
Otro de los acusados es Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio.
Raffaele Mincione también se sentará en el banquillo. Es el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo. Mincione poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas. Está acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; y Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.
También irá a juicio Fabrizio Tirabassi, funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones.
Junto con ellos, será procesada la italiana Cecilia Marogna, que según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018, cuando era el sustituto encargado de ese organismo que hace las funciones de gabinete del primer ministro. De ese dinero, cerca de 200.000 euros, fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod’s o Chanel. Según ha defendido ella misma en la prensa italiana dichos objetos no eran para disfrute personal, sino que fueron usados como regalos en viajes diplomáticos y otros gastos de representación. La mujer italiana ha sido apelada por los medios de comunicación italianos como la ‘Dama de Becciu’ y ha sido acusada de malversación de fondos. Sus abogados ya han adelantado que pedirán que el cardenal secretario de Estado actual, Pietro Parolin, declare en calidad de testigo.
La Santa Sede, no obstante, libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado. Insiste en que ni monseñor Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores, el sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, «hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones», según las investigaciones.
La investigación se inició en 2019
La primera vista oral está prevista para el 27 de julio y se dirimirán cuestiones técnicas del procedimiento judicial. Será más adelante cuando se entre en el mérito de las acusaciones. Al cardenal Becciu se le imputan los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última denuncia, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje.
El auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77 por ciento de la cartera gestionada). Además vieron que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa «se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento». Esos depósitos también se utilizaban en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore.
En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan «cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos. Se utilizaron para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales», es decir, con el «objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre».
