El exmagistrado, Salvador Alba, ha sido condenado a una pena de seis años y medio de prisión y dieciocho de inhabilitación como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falseded
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado este martes un nuevo plazo de 10 días para que el exmagistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba ingrese voluntariamente en prisión. Un ingreso para empezar a cumplir su condena de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación. Condena como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad.
Tras haber vencido el plazo que se le dio con anterioridad, el magistrado ha sido citado ante la Sala de lo Penal. Ha sido requerido personalmente para que cumpla la condena que se le impuso en una comparecencia que ha tenido lugar en la sede del TSJC. Alba ha asistido en compañía del letrado Pedro Ayala.
No ha hecho declaraciones ante la letrada ni ante los periodistas
Salvador Alba ha declinado hacer declaraciones ante la letrada de la Administración Justicia, cuando le han dado la palabra. Tampoco ha hablado ante los periodistas a la salida del TSJC. Ha llegado casi una hora antes de la cita judicial, que le fue notificada el pasado lunes mediante una providencia.
Según han informado fuentes del alto tribunal canario, Alba ha vuelto a ser requerido por la Sala de lo Penal para que proceda, también en un plazo de 10 días, al pago de la multa que le fue impuesta en la sentencia por importe de 12.150 euros.
El TSJC ha puesto en marcha la ejecución del resto de su condena: 15 años y 6 meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 18 años de inhabilitación especial para desempeñar el cargo público de juez o magistrado. Con la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos.
Expulsión de la carrera judicial
Respecto a esto, el 13 de enero el Consejo General del Poder Judicial comenzó a tramitar su expediente de expulsión de la carrera judicial.
Durante el tiempo de la condena, Salvador Alba ha sido incapacitado para cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, han informado las fuentes.
El 10 de septiembre de 2019, el TSJC declaró probado que Salvador Alba manipuló una instrucción penal por fraude fiscal dirigida contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Se intentaba perjudicar a la jueza Victoria Rosell. En ese momento era diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas.
Según el relato de hechos probados, Salvador Alba ofreció a Ramírez archivar esa causa -por la que ahora el empresario se expone a una solicitud de condena de 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa- si le ayudaba a probar que Victoria Rosell había retrasado ese procedimiento por intereses económicos de su pareja.
Informes falsos
También se consideró acreditado que envió al Tribunal Supremo informes sobre el desempeño de Rosell con contenidos que luego resultaron ser falsos. Informes que provocaron que la Sala de lo Penal admitiera una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra ella. Por ese motivo se vio forzada a renunciar a su escaño.
Esas acusaciones contra Rosell fueron archivadas meses después por el TSJC. La exoneró de cualquier irregularidad. Finalmente fue Alba quien resultó procesado y condenado por su actuación en el caso.
