La aprobación de la norma que regulará el precio del transporte de mercancías ha obtenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto de Vox
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera, que incluye una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible.
El mismo día que el sector entra en la quinta jornada de huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías en protesta por el precio del gasóleo. Estos paros se han saldado con los primeros cierres en fábricas del sector alimentario y con alarma por la amenaza de abastecimiento.
Medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera
La aprobación de la norma ha obtenido el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto de Vox. Su portavoz, Patricia de las Heras, tildó el paquete de medidas como «deficiente e insultante» y animó a los transportistas a secundar las movilizaciones.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido desde el estrado la norma aprobada en Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo. El decreto incluye modificaciones en el funcionamiento de la cadena logística y medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Comité Nacional de Transporte por Carretera
El decreto ley recoge 20 medidas acordadas con el sector, en concreto con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). La ministra Sánchez ha dicho que los objetivos son «reequilibrar las asimetrías entre los actores, mejorar la competitividad y garantizar unas condiciones laborales adecuadas».
Ha hecho hincapié en que la flota española de camiones pesados es la tercera en Europa por volumen de mercancías y ha apuntado que absorbe el 70% de las mercancías transportadas al exterior.
Respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox
El portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Castellón, ha respondido a la ministra que «traen tarde y mal» la convalidación del real decreto a la Cámara Baja. Aún así, ha respaldado la norma pero ha solicitado al Gobierno una bajada del IVA que grava los combustibles al 4 %.
Sobre la revisión de precios en los contratos de obra pública, Castellón ha recalcado que la nueva regulación limita la revisión al año 2021 «lo que significa un alivio pero no es la solución definitiva».
Por el Grupo Vasco EAJ-PNV, Íñigo Barandiarán ha mostrado sus dudas por la eficacia de las medidas, pero ha insistido en que «habrá que esperar a sus resultados, en tanto que Juan Ignacio López-Bas, de Ciudadanos, ha admitido que la norma le genera dudas y que «no es todo lo que los españoles necesitan».
El portavoz de Cs ha agregado que en la revisión de precios para la obra pública el Gobierno «se ha olvidado» de ayuntamientos y entidades locales que «no aparecen mencionadas» en el texto legal.
Por Unidas podemos, Rafael Mayoral ha comentado que el real decreto «es un primer paso» y ha pedido control de precios «que pongan freno a la especulación».
