Los docentes interinos con cinco o más años en la administración pública se someterán a un «concurso de méritos»
El Gobierno ha aprobado un real decreto por el que los docentes interinos con más de cinco años de antigüedad en la administración pública podrán acceder «de manera excepcional» a una plaza fija de funcionario mediante un «concurso de méritos», es decir, se valorará su experiencia y no necesitarán opositar.
El objetivo de esta norma, que deriva de la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público aprobada el pasado 28 de diciembre, es disminuir la alta tasa de temporalidad en todas las administraciones públicas del Estado hasta el 8 por ciento.
En virtud de esta norma, que responde a un mandato de la UE, los docentes interinos de larga duración, es decir aquellos que están trabajando antes de 2016, no tendrán que hacer una oposición para acceder a una plaza pública, simplemente se valorará su antigüedad, la formación que tengan y sus publicaciones.
Podrán acceder a través de un «concurso de méritos», que solo se hará una vez en cada comunidad autónoma, desde la publicación de este real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 2024.
Concurso-oposición con única prueba
El real decreto establece también que los interinos que trabajan en la administración entre el 2017 y 2020 podrán conseguir la plaza fija a través de un «concurso-oposición». Este procedimiento estará en vigor hasta el 2024 incluido.
Para ello, se establece una única prueba, que se estructura en dos partes: una de conocimientos, en el que se deberá desarrollar un tema por escrito, y otra de aptitud pedagógica, con la presentación de una unidad didáctica. Las partes de la prueba no serán eliminatorias, aunque en su conjunto deberá aprobarse con un 5 sobre 10.
Nuevo procedimiento para determinar la mayoría de edad
El Consejo de Ministros también ha aprobado las reglas del procedimiento judicial para determinar la mayoría de edad de una persona sin documentación. Un mecanismo con más garantías que el vigente que busca proteger los derechos de la infancia y cumplir las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
El anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, presentado por el Ministerio de Justicia, establece que será una autoridad judicial quien determine la edad, en un plazo máximo de 25 días. Este procedimiento evita someter a la persona a desnudos integrales o pruebas degradantes.
«Damos un gran salto hacia adelante para garantizar los derechos y la dignidad de cualquier joven que llegue a nuestro país con o sin documentación. Con esta ley van a acabarse todas las pruebas invasivas para determinar la edad, con un procedimiento más ágil, más garantista y escuchando siempre a los menores», ha destacado la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Solo en 2020 se incoaron casi 5.000 diligencias preprocesales para determinar la edad. Un procedimiento de carácter administrativo que lleva a cabo la Fiscalía y que se cierra con un decreto.
Ahora será un procedimiento judicial que acabará con una sentencia susceptible de recurso de apelación. La sentencia firme que determine la minoría de edad se inscribirá en el Registro Civil. En la misma se fijará la fecha en la que la persona alcanzará la mayoría de edad y tendrá efectos plenos público y privado.
