La formación nacionalista asegura que la ley generará un «caos» en municipios como Santa Cruz de Tenerife y La Laguna
Coalición Canaria ha advertido de que el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno de España supondrá un «auténtico caos» en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, una situación que afectará a miles de personas de estos municipios y que supondrá un «duro mazazo» para barrios como San Pío, Cuesta Piedra, Santa Clara, La Verdellada, Las Mantecas, Valle Colino, Valle Vinagre, Bajamar, Geneto y San Matías.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, dejó claro que como nacionalistas no pueden avalar una ley que vulnera el Estatuto de Autonomía. Por ello, anunció que han presentado un total de 23 enmiendas de supresión en los artículos del proyecto de ley que «atentan contra la facultad de Canarias de definir y desarrollar una política de vivienda propia y adaptada a su singularidad territorial como Archipiélago y a la medida de las verdaderas necesidades de los canarios».
Ana Oramas aseveró que este proyecto «no concreta ni aporta soluciones efectivas al problema de la falta de vivienda pública y tampoco se proponen medidas para incentivar la promoción y construcción de nuevas viviendas que amplíen el actual parque público de viviendas». «Es más, las trabas de esta ley van a conseguir un efecto contrario que, con toda seguridad, va a frenar la construcción de nuevas viviendas», resaltó la diputada nacional.
El proyecto «justifica la okupación de viviendas«
Oramas aseveró que el proyecto de ley «justifica la okupación de viviendas». «Esta ley da carta blanca a la okupación, lesiona el derecho a la propiedad y, entre otras cosas, va a obligar al propietario a tener que asumir gastos por una vivienda okupada. Además, el propietario privado será quien tenga que soportar el derecho de su incumplidor inquilino al disfrute de una vivienda digna y adecuada».
Por todo ello, Ana Oramas hizo un llamamiento los partidos con representación en el Congreso, a los diputados canarios y a los senadores para que presenten las mismas enmiendas que ha presentado Coalición Canaria. La diputada nacionalista considera que esta ley es «un despropósito en nuestra Comunidad Autónoma», apuntó.
Contra las competencias autonómicas
Por su parte, la diputada del Grupo Nacionalista CC-PNC-AHI, Socorro Beato, explicó que este proyecto de ley «contiene una serie de directrices generales sobre política de vivienda que representan un claro dirigismo de la actuación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, contraviniendo el artículo 148.1.3º CE, que atribuye la competencia en materia de vivienda a las comunidades».
«Son éstas y no el Estado quienes pueden desarrollar una política propia, incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que son fundamentalmente el tipo de actuaciones públicas en las que se concreta la política de vivienda», recordó Beato.
Además, anunció que registrarán una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias para instar al Gobierno de Canarias a dar cumplimiento al artículo 48.5 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, favoreciendo el acceso a la propiedad de las viviendas a los arrendatarios del parque público de viviendas, teniendo derecho a que se les aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler.
«Este Proyecto de ley no hay más que ideas populistas y propagandísticas qué no pueden ser asumidas por el Estado, trasladándoles la papeleta a las comunidades autónomas», criticó Beato.
Familias afectadas
El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, afirmó que los cambios en el proyecto de Ley de Vivienda «generan un grave problema para miles de familias de promociones en el municipio».
Concretamente, prosiguió Domínguez, «de La Verdellada, Las Mantecas, Valle Colino, Valle Vinagre, Bajamar, Geneto y San Matías; a los que debemos sumar las viviendas del III Plan Canario de Vivienda, y lo que va a afectar, incluso, a las 197 familias de la primera fase de Las Chumberas. Un caso sangrante ya que las nuevas viviendas en esta zona no podrán pasar a manos de sus legítimos propietarios con esta nueva ley».
«Estamos hablando en total en el municipio de más de 2.000 familias que están en régimen de alquiler y que tenían regulado por la Ley de Canarias su acceso en propiedad. Llevan años pagando su alquiler y descontando el precio de la vivienda y ahora ven peligrar esto», aseveró.
El caso de Las Chumberas
En este aspecto, el edil detalló que en una de las enmiendas presentadas por CC «se solicita una nueva disposición adicional para plasmar la competencia de las comunidades autónomas para regular el acceso de aquellas viviendas resultantes de actuaciones públicas de reposición, y las destinadas a hacer efectivo el derecho de realojo, cuando vayan a ser calificadas de protección».
«Con ello pretendemos aclarar la competencia de Canarias para establecer el régimen jurídico aplicable ante situaciones como la reposición de las viviendas de Las Chumberas», indicó.
«Coalición Canaria en La Laguna, durante el anterior mandato, trabajó intensamente con los responsables de las comunidades de vecinos y el Gobierno de Canarias para buscar el encaje más seguro para hacer posible la transmisión de las viviendas. Sin embargo, esta nueva realidad será un duro mazazo, un destrozo para cientos de familias de La Laguna», sentenció el portavoz de los nacionalistas laguneros, que criticó la «demagogia» de PSOE y Podemos en La Laguna con respecto a este tema.
Una «oportunidad perdida»
Para el teniente de alcalde y consejero delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, esta ley «es una oportunidad perdida; además tiene efectos muy negativos sobre las esperanzas y los sueños de las familias santacruceras a la hora de acceder en propiedad a las viviendas donde viven».
Aseguró que barrios como San Pío, Santa Clara y Cuesta Piedra se verán afectados por este proyecto de ley. «En Santa Cruz hay 1.500 familias que viven en régimen de alquiler social en alguna vivienda del parque municipal de Santa Cruz. Vecinos de estos barrios que tenían la perspectiva de acceder a esos inmuebles y ahora el Gobierno de España aniquila sus sueños», alertó el edil.
Además, aseguró que esta ley «no entra en aspectos importantes, en problemas reales. Por ejemplo, en Santa Cruz hay en estos momentos 15.000 viviendas vacías, pero no existen medidas específicas para resolver esto».
