La nueva ley, estructurada en seis títulos, consta de 40 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y tres finales
El pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe de ponencia de la proposición de Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias, la nueva ley electoral canaria.
A esta ley electoral se incorporan distintas previsiones que ya rigieron el proceso electoral autonómico de mayo de 2019 y que, pese a no estar previstas en la ley electoral de 2003, resultaron imprescindibles para ordenar esa última cita con las urnas con criterios de operatividad y seguridad jurídica, siguiendo el criterio de la Junta Electoral de Canarias y del Consejo Consultivo.
La nueva ley, estructurada en seis títulos, consta de 40 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y tres finales.
70 escaños
De lo establecido en el texto destaca que el número total de escaños a elegir será de 70, y que se establece una circunscripción de ámbito autonómico y siete circunscripciones de ámbito insular.
A la circunscripción autonómica le corresponderá la elección de nueve escaños y al total de las circunscripciones insulares le corresponderá la elección de sesenta y un escaños, que se distribuirán de la siguiente forma: tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife.
Dos papeletas para el voto
La emisión del voto se efectuará a través de dos papeletas, una para cada tipo de circunscripción, insular o autonómica. Cada una de esas papeletas se introducirá en una urna.
Tras su toma en consideración en noviembre pasado, el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, trasladó el compromiso de la Cámara de aprobar la ley antes de la finalización del actual periodo de sesiones.
La Presidencia del Parlamento encargó a la Secretaría General un borrador de texto de proposición de ley con la incorporación de los criterios técnico-jurídicos con los que se concurrió a las elecciones en 2019.
Ese borrador se trasladó a la Mesa y los grupos parlamentarios, que mostraron su conformidad con la aprobación de la ley en esos términos, sin perjuicio de que cada uno siguiera, de cara al futuro, manteniendo su criterio sobre algunos aspectos del sistema electoral.
Se presentaron algunas enmiendas técnicas que se incorporaron al texto del informe y los grupos mostraron su acuerdo en la tramitación de la ley por el procedimiento abreviado.
En la ponencia que ha realizado estos trabajos han participado las diputadas Rosa Bella Cabrera Ventura del Carmen Rodríguez por el Grupo Socialista; José Miguel Barragán y Socorro Beato por el Grupo Nacionalista Canario; Australia Navarro y Luz Reverón del Grupo Popular; Luis Campos del Grupo Nueva Canarias; Manuel Marrero del Grupo Sí Podemos Canarias; Melodie Mendoza y Jesús Ramón Ramos del Grupo Agrupación Socialista Gomera; Ricardo Fernández de la Puente por el Grupo Mixto.
Llega con «algo de retraso»
En un comunicado, el Parlamento de Canarias justifica que la aprobación de la ley llegue «con algo de retraso» respecto a la previsión estatutaria en que la actividad legislativa se ha visto condicionada en esta décima legislatura primero por la pandemia, y después por la crisis vulcanológica.
La Disposición Transitoria Primera del nuevo Estatuto de Autonomía, en vigor desde finales de 2018, exige, en su artículo 39, la aprobación de una ley electoral para Canarias en un plazo de tres años.
En mayo de 2019, la ciudadanía de Canarias votó en las elecciones autonómicas con un nuevo sistema, pero aún sin esa ley aprobada este miércoles y cuyo objetivo es garantizar la necesaria seguridad jurídica de cara a las siguientes elecciones autonómicas.
Gustavo Matos señala que el texto aprobado supone, por un lado, el cumplimiento del mandato establecido en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 y, también, la superación de un marco legal anterior insuficiente y no adaptado al Estatuto.
Proyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias
El pleno del Parlamento de Canarias ha iniciado este miércoles la tramitación del proyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias, una norma con la que se cumple con retraso uno de los mandatos del Estatuto de Autonomía y con la que se aspira a cubrir las necesidades básicas de al menos 40.000 personas.
Se trata de «una renta garantizada para todas las familias vulnerables», que cubrirá a quienes no perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado y que, al contrario que la vigente Prestación Canaria de Inserción (PCI), no tendrá límite temporal mientras persista la situación de vulnerabilidad.
Las 10.800 personas que perciben la PCI pasarán a cobrar la renta de ciudadanía, destacó la consejera de Políticas Sociales, Noemí Santana, al presentar el proyecto de ley ante el pleno del Parlamento y la previsión es que este «escudo social» llegue a al menos 40.000 canarios.
