Cruz asegura que actuó de buena fe y que solo puso en contacto a la empresa RR7 con el proveedor de mascarillas, por lo que cobró la comisión. El contrato de emergencia, de cuatro millones de euros, se pagó por adelantado
El Servicio Canario de la Salud encargó en mayo de 2020 mascarillas por valor de cuatro millones de euros. Se trata de un pedido que aún no ha recibido y que pagó por adelantado. La empresa encargada de suministrar el pedido, RR7 United, contactó a través de un intermediario, que también cobró una comisión, con un proveedor de material sanitario llamado Ihsan Mahmhoud Mohamed al Sabbagh.
RR7 United ahora ha denunciado a Lucas Cruz, el intermediario, por un presunto delito de estafa. Sin embargo, Cruz ha querido aclarar que su cometido en dicha operación fue únicamente «poner en contacto a RR7 con Ihsan». Asegura no es responsable de que «Ihsan no hiciera su trabajo, que era encontrar estas mascarillas». Ha afirmado que cobró una comisión de 25.000 euros por su gestión, que, dice, «no son ni un 1% del total del contrato».
Un contrato por la vía de emergencia
El contrato, por la vía de emergencia, alcanzaba los cuatro millones de euros por un millón de mascarillas, por lo que el precio por mascarilla era de cuatro euros.
A este respecto, Cruz ha dicho que «cuatro euros por mascarilla es bastante caro». No obstante, habla del precio al que se encontraban en el mercado que, según Cruz, «se despachaba a entre un euro y un euro y medio por mascarilla.
La empresa fabricante de las mascarillas, 3M, ha advertido a través de un burofax, que las mascarillas que llegaron a Gran Canaria no son de su marca y piden que se destruyan. Ante esto, Cruz ha declarado que «no existe ningún documento que acredite que fuesen falsas». Además, ha dicho que si «en cualquier momento, por cualquier circunstancia, se ve que mi honradez no ha sido clara en esta operación, haré un depósito en las cuentas del juzgado por el importe de la comisión cobrada para que estudien la operación de forma adecuada y completa y sepan que he actuado de buena fe».
Por su parte, anticorrupción investiga el caso mascarillas un presunto delito de estafa que habría cometido la empresa RR7. También han abierto diligencias para saber si el Servicio Canario de la Salud prevaricó y malversó con este asunto.