Más de 120 empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) operan en esta modalidad que desde el año 2000 ha creado entre 500 y 750 empleos en el archipiélago y ahora se ve amenazada a raíz de la Dirección General de Tributos del Estado que interpreta que esas operaciones no podrán disfrutar de una tributación del 4% puesto que ni su puesta a disposición ni el inicio de la expedición o transporte de los bienes han tenido lugar en o desde la ZEC
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley que promueve la Cámara ante las Cortes Generales para garantizar, según sus proponentes, seguridad jurídica a las empresas autorizadas a operar comercio triangular y que están inscritas en la ZEC.
En concreto esta iniciativa requiere una nueva redacción en el Régimen Económico y Fiscal en lo concerniente a las operaciones triangulares o de trading de las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria y que se les permita tributar al tipo del 4% en el Impuesto de Sociedades.
El texto fue aprobado por todos los grupos excepto por Sí Podemos Canarias, que, a través de su portavoz, Manuel Marrero, lamentó que al «victimismo nacionalista» se sume el resto de la Cámara y ha señalado que de esta modificación se benefician solo unas pocas empresas lo que, a su juicio, «perpetúa la desigualdad».
Además ha indicado que las excepciones fiscales del REF ascienden 30.000 millones de euros en ahorros fiscales que no se sabe su repercusión en la economía de las islas.
Iñaki Lavandera, del grupo Socialista, ha dicho que el REF obliga a estar unido «arrimar el hombro y ser flexible», ha indicado que el actual gobierno socialista ha mejorado la aportación del REF en estos tres años y ha subrayado que el principal deber es trabajar por traer riqueza a Canarias y actividades en condiciones ventajosas.
También la diputada del grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, se ha congratulado con el acuerdo parlamentario ,ha lamentado «la pasividad» del Gobierno estatal ante este asunto y ha confiado en que en el último Consejo de Ministros, se apruebe el decreto que permita esta modificación.
Ha coincidido con el diputado del PP Fernando Enseñat en que se debe actuar con rapidez antes del pago a final de este mes del impuesto de Sociedades.
El parlamentario el PP ha considerado que el PSOE pone continuamente «en jaque mate» al Régimen Económico y Fiscal canario y con sus decisiones cuestiona su seguridad jurídica y crea incertidumbre en las empresas.
Esther González, de Nueva Canarias, Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera y Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto, también defendieron la iniciativa por la seguridad jurídica a las empresas que operan en la ZEC y por la defensa del acervo canario.
El Gobierno, favorable a la proposición de ley
En un Consejo de Gobierno celebrado este martes, el Ejecutivo dio su opinión favorable a la proposición de ley y señaló su “oportunidad” y “legalidad”, si bien destacó la necesidad de que se de efectos retroactivos a esta, de modo que queden englobadas todas las entidades autorizadas por la ZEC que hayan efectuado operaciones comerciales sin que la mercancía haya pasado por Canarias.
El informe reitera que “lo básico es la utilización real de medios personales y humanos situados en Canarias, con independencia de que los bienes se encuentren o no ubicados en Canarias en el momento de su puesta a disposición del adquirente o el comienzo de su transporte para su puesta a disposición”, agrega la nota.
A juicio del Gobierno, el proyecto de proposición de ley ofrece claramente seguridad jurídica no solo a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, los contribuyentes, sino al sujeto activo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La iniciativa parlamentaria da respuesta a un informe de la Dirección General de Tributos estatal, que negó la posibilidad a estas empresas de comercio triangular de tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades aun contando con la autorización de la Zona Especial Canaria, donde estaban inscritas.
El informe del Ejecutivo señala también que “puesto que se trata de una propuesta de reforma relativa al Impuesto sobre Sociedades, tributo cuya aplicación y recaudación corresponden íntegramente al Estado, la Proposición de Ley no tiene incidencia en los créditos presupuestarios o en los ingresos de esta Comunidad Autónoma, por lo que se manifiesta conformidad respecto a la toma en consideración y tramitación de la iniciativa”.
