El Plan de Calidad Institucional contempla 60 medidas, entre ellas que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes su Plan de Calidad Institucional que incluye 60 medidas para acabar con «el nepotismo, opacidad y arbitrariedad», entre ellas que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales.
Feijoo, que ha elegido el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, cuna de la Constitución de 1812 y del constitucionalismo democrático español, para presentar y firmar su «Plan de Calidad Institucional», ha indicado que ha puesto a disposición del Gobierno su proyecto por «si quiere implementarlo» y, si no, se ha comprometido a hacerlo él «en los cien primeros días de la próxima legislatura», convencido de que los españoles le darán su apoyo en las próximas elecciones generales.
El presidente popular ha afirmado que el PP impulsa este plan, con medidas como incrementar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, movido «por la convicción de que somos muchos los españoles hastiados» con el «sanchismo».
Simbolismo del Oratorio de San Felipe de Neri de Cádiz
Los españoles de 1812 se reunieron aquí porque «querían lograr una España constitucional» y él vuelve a este escenario porque «los españoles de hoy no queremos que nos la arrebaten».
«Ese riesgo existe cuando desde el propio gobierno se erosiona mediante el desprestigio deliberado o el uso partidario de instituciones claves para una convivencia social y política ordenada», ha alertado el presidente del PP.
Ha acusado al gobierno de seguir «un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas» y de «interpretar el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes».
Una deriva «en la que se va superando nuestra capacidad de asombro» y que, dice, parece no tener límite «desde que el sanchismo entró en acción».
Feijóo ha indicado que el PP quiere rebelarse contra esta situación «movidos por la convicción de que somos muchos más los españoles moderados hastiados con lo que el sanchismo está haciendo».
60 medidas
Y para ello presenta este plan de 60 medidas «para acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad», y que consta de cinco bloques.
En el primero, de medidas para proteger la Constitución y la integridad territorial, figura recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de malversación de fondos públicos y tipificar el de referéndum ilegal.
Para el poder legislativo, el segundo, limitar el uso del real decreto ley, regular la periodicidad del Debate del Estado de la Nación y crear una oficina de calidad democrática y legislativa.
En el tercero, para mejorar los gobiernos, incluye medidas como garantizar que la alcaldía recae en la lista más votada; establecer una comunicación «institucionalizada y frecuente» entre el presidente y el líder de la oposición y prohibir «el uso de recursos de públicos en actos de partidos».
En el bloque sobre el poder judicial, Feijóo ha explicado que incluye medidas para limitar las puertas giratorias y reforzar las exigencias de independencia para los miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y elevar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado, para desvincularlo del mandato del gobierno.
El plan propone un quinto bloque para «recuperar el prestigio de instituciones» como «establecer requisitos de idoneidad» para presidir organismos y «medias para recuperar la credibilidad de instituciones que la han visto menoscabada en esta legislatura», entre los que ha citado al CIS, INE, CNI y RTVE.
Compromiso para poner en marcha el plan
Feijóo ha dicho que se teme «de antemano» cuál va a ser «la respuesta del sanchismo: menosprecio, descalificación y falsedad. Estamos habituados a esta reacción, que no revela otra cosa más que debilidad y dependencia de sus socios y aliados».
Ha lamentado que el hecho «insólito» de que el Gobierno no estuviera presente en esta presentación, algo que «sólo puede deberse a que se trata de un ejecutivo intervenido, que asume su condición de rehén».
Y, antes de firmarlo, ha indicado que si el Gobierno no quiere poner en marcha las medidas de su plan él se compromete a hacerlo «en los cien primeros días de la próxima legislatura», convencido de que los españoles le darán su apoyo en las próximas elecciones generales.
