Tres mandos de la Guardia Civil y dos empresarios figuran en la lista de investigados en el procedimiento por las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras de cuarteles de la Benemérita
La juez que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil ha acordado imputar a un comandante que estuvo al frente de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante. Con él, serían tres los mandos de la Benemérita investigados.
Fuentes policiales conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha ampliado la lista de investigados en el procedimiento en el que ya figuran dos mandos de la Guardia Civil y dos empresarios.
Las mismas fuentes han precisado que el nuevo mando imputado declaró en sede policial, pero todavía no se le ha citado a comparecer ante la juez instructora en sede judicial.
En concreto, permanecen imputados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de apoyo del Instituto Armado; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el empresario Salvador Gutiérrez; y el empresario constructor Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, que además aparece en el sumario del caso ‘Mediador’ como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, quien permanece en prisión preventiva.
Este caso lleva al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
Investigación en Madrid
Fuentes jurídicas han explicado que la titular del juzgado madrileño a cargo de la investigación, la magistrada María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que –aunque encargó un informe pericial el año pasado– hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.
La investigación que se instruye ahora en Madrid procede de unas diligencias penales abiertas en 2019 por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil.
No fue hasta 2021 que dicho juzgado se inhibió al considerar que no era competente porque el teniente general investigado tenía la sede oficial en Madrid. Así las cosas, la causa la asumió el juzgado madrileño, en el que hasta ahora no se ha tomado declaración a ninguno de los cuatro investigados, según han señalado las fuentes consultadas.
