Lo confirmaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que espera que antes de que termine el semestre de presidencia española de la UE se pueda cerrar el Pacto de migración y asilo, que cuenta con la oposición de Hungría y Polonia.
Acuerdo sobre asilo
En la presentación de las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo ha destacado el éxito de la Presidencia sueca al lograr que se aprobara el pasado 8 de junio, por parte de los ministros de Interior, un acuerdo para reformar las normas de asilo del club comunitario.
Ha señalado que tras el acuerdo alcanzado sobre el reglamento de gestión del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo, en los que otros países como Malta o Bulgaria se abstuvieron. Resta sólo un tercer elemento como es el reglamento sobre gestión de crisis, que completaría el Pacto de migración y asilo.
La UE quiere haber concluido este pacto antes del final de la actual legislatura comunitaria, es decir, a más tardar en abril de 2024, y Sánchez ha asegurado hoy que el trabajo está muy avanzado.
«Todos somos víctimas de la inmigración irregular»
Ha apuntado que España ha tenido su visión sobre este tema, al ser un país de primera entrada, y ha defendido que no se puede dividir a los países ya que «todos somos víctimas de la inmigración irregular».
En este sentido, ha planteado, como ha venido haciendo desde el primer momento en Europa, la necesidad de reforzar la dimensión exterior del fenómeno migratorio, a través de la colaboración con los países de tránsito y origen.
Hay que conjugar, ha insistido el presidente, solidaridad y responsabilidad, y lograr un equilibrio entre ambas.
El llamado pacto migratorio de la Unión Europea (UE) fue acordado la semana pasada con el apoyo de la mayoría de los países miembros y solo Hungría y Polonia votaron en contra, por lo que, de mantener su postura, deberán abonar a un fondo comunitario 20.000 euros por cada persona a la que se nieguen a acoger.
